Las empleadas de las 'escoletes' externalizadas de la capital balear afrontan desde este lunes su tercera semana de huelga indefinida a la espera de que el Ayuntamiento de Palma les cite a una reunión para abordar su propuesta de equiparación salarial.
Las trabajadoras se han vuelto a concentrar esta mañana en la plaza de Cort, como vienen haciendo de forma casi diaria desde que comenzaron las movilizaciones el pasado 28 de abril, acompañadas por los representantes sindicales de CCOO y UGT.
Según ha explicado en declaraciones el responsable de Educación 0-3 de UGT, Jaume Coll, siguen a la espera de que tanto la empresa concesionaria como el Consistorio den una respuesta a sus reivindicaciones salariales.
700 EUROS DE DIFERENCIA CON LAS CUIDADORAS DE 'ESCOLETES' PÚBLICAS
Principalmente, están pendientes de que el Ayuntamiento les cite a una reunión para abordar su última propuesta, el pago de un complemento salarial progresivo hasta equiparar las retribuciones de las trabajadoras de los centros de gestión externalizada con las de aquellas que forman parte del Patronato Municipal de Escuelas Infantiles, que rondan entre los 600 y 700 euros de diferencia.
El planteamiento que los sindicatos han puesto sobre la mesa es que se recupere esta diferencia en hasta un 35 por ciento desde el pasado enero, que sería de forma retroactiva y supondría incrementar cerca de 285 euros el salario de las trabajadoras.
Esta cuantía, ha expuesto Coll, es ampliamente superior a la propuesta que la empresa concesionaria ha puesto sobre la mesa, de 110 euros, que han rechazado al considerar insuficiente.
100% DE EQUIPACIÓN EN SETIEMBRE DE 2026
Posteriormente, las organizaciones sindicales plantean que se alcance el 50 por ciento de la equiparación el próximo septiembre, el 80 por ciento en enero de 2026 y el 100 por ciento en septiembre de ese mismo año.
Si se cerrara este año con una propuesta del Ayuntamiento que fuera "realista", ha apuntado Coll, las trabajadoras lo interpretarían como que el Ayuntamiento tiene voluntad de negociar y subsanar las diferencias salariales.
EL LITIGIO JUDICIAL
En paralelo, prosigue el litigio judicial entre las trabajadoras y el Consistorio por la imposición de unos servicios mínimos, de entre el 80 por ciento y el 92 por ciento, que los primeros consideran abusivos.
El Ayuntamiento ya entregó el pasado jueves --el último día para el que tenía plazo-- la documentación requerida por el Juzgado de lo Social número 4 de Palma para justificar la medida. Ahora, ha concluido Coll, están a la espera de que el juez resuelva la cuestión y estime o desestime la medida cautelar solicitada por los sindicatos.
