En el debate sobre la modificación de la Ley de Comercio conviene recordar una idea básica, el PECMa no es una traba ni una barrera contra la inversión. Es una herramienta de ordenación territorial y urbanística pensada para evitar que los impactos de las grandes implantaciones comerciales los acaben pagando los ciudadanos.
Un gran centro comercial no solo genera actividad privada. También genera tráfico, necesidad de aparcamiento, presión sobre carreteras y accesos, consumo de suelo. Todo eso tiene consecuencias reales.
Sin ir más lejos, todos recordamos los problemas de grandes atascos generados en el entorno de Coll d’en Rabassa y la autopista del aeropuerto tras la apertura de Centro Comercial FAN Mallorca. Cuando se inauguró, el PECMa todavía no existía, por lo que no se contaba con una herramienta insular específica para valorar los efectos sobre los atascos entre otras cosas.
Desde entonces, ese la autopista al aeropuerto ha seguido siendo uno de los puntos negros de la movilidad de Palma. Y hoy vemos cómo se manejan inversiones públicas de enorme magnitud para intentar resolver problemas de conexión, saturación y accesibilidad en ese entorno. El Consell ha presupuestado 110 millones de euros para el Tramo I del Segundo Cinturón, que afecta al ámbito del Coll d’en Rabassa y su conexión con la autopista del aeropuerto. Ya se han gastado mucho para mejorar el acceso si bienes del aeropuerto han hecho una salida.
Estas cifras demuestran una cosa muy sencilla, la movilidad generada por grandes polos comerciales y grandes accesos no es gratis. Cuando no se planifica bien desde el principio, el coste acaba recayendo sobre todos.
La pregunta es clara, ¿quién debe asumir esos costes? ¿El promotor que genera el impacto o los vecinos, trabajadores, municipios, pequeños comercios y contribuyentes que luego sufren los atascos, la saturación, la falta de aparcamiento?
Para eso sirve el PECMa, para analizar antes de autorizar, para prever los efectos sobre la movilidad y el territorio, y para exigir medidas correctoras cuando sean necesarias. No se trata de impedir proyectos, sino de evitar que una iniciativa privada traslade sus problemas al conjunto de la sociedad.
Agilizar la administración puede ser positivo, pero no debe significar eliminar controles. En una isla con territorio limitado y carreteras cada vez más tensionadas, rebajar las garantías sería un error. La simplificación no puede convertirse en una vía para vaciar de contenido el PECMa ni para debilitar los informes públicos sobre movilidad, territorio, medio ambiente o modelo comercial.
Conviene dejar claro que el PECMa no sustituye al resto de controles ambientales y sectoriales. Hay materias que deben analizarse por sus propias normas, evaluación ambiental, urbanismo, actividades, calidad del aire, ruido, aguas, inundabilidad, patrimonio histórico, residuos, paisaje y protección de la salud. cuando resulten aplicables.
Por tanto, el PECMa es una pieza esencial, pero no la única. Su función es ordenar el impacto territorial y comercial de los equipamientos comerciales; los demás controles deben garantizar que esos proyectos no generen daños ambientales, acústicos, urbanísticos, hidráulicos, patrimoniales o de seguridad que luego tenga que soportar la sociedad.
El pequeño comercio no pide privilegios. Pide reglas justas. Pide competir en igualdad de condiciones y que quien genere grandes impactos los asuma.
Porque el PECMa, en el fondo, sirve para algo muy sencillo, que los costes de la movilidad, la saturación y la presión territorial no acaben recayendo sobre todos los ciudadanos.
Es una garantía para Mallorca, no un obstáculo.
