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A Cort no le gustan las piscinas

miércoles 06 de noviembre de 2019, 00:00h

La última batalla emprendida por el Ayuntamiento de Palma es contra las piscinas en las azoteas de edificios. La teniente de alcalde de Modelo de Ciudad, Vivienda Digna y Sostenibilidad, Neus Truyol, hizo públicos ayer los nuevos criterios para autorizar la instalación de piscinas en las cubiertas de los edificios de la capital. De entrada no se permitirán bajo ningún concepto en el Centro Histórico, el barrio del Jonquet y en edificios que estén catalogados.

La concejal de Més esgrime la necesidad de mantener una tipología concreta de las edificaciones, ahorrar agua y dar respuesta a los problemas de convivencia de determinados barrios. Ciertamente no existe en Palma una demanda generalizada de los vecinos en contra de las piscinas construidas en las azoteas de áticos o para uso comunitario de los inquilinos. No existe un conflicto social al respecto y son muchos propietarios los que apelan a la libertad de poder construir este tipo de instalacions siempre que se respeten las normas, se soliciten los permisos y se reciba autorización. De hecho, Cort ha comprobado que tanto las solicitudes como las autorizaciones para instalar piscinas en edificios se han multiplicado recientemente. En diez años, los casos tramitados se han triplicado, pasando de los 113 casos en 2009 a los 350 en lo que va de este año.

El asunto, sin embargo, tiene otros enfoques, ya que puede contribuir a reducir la conflictividad que genera el alquiler vacacional, cuando las piscinas se convierten en un atractivo añadido para los turistas que elijen esta opción, por mucho que la ordenanza municipal de Palma la tenga vetada para todos los pisos de Palma desde 2018.

Con la nueva situación, Cort argumenta criterios de convivencia y sostenibilidad para atajar de forma tangencial un problema que la realidad demuestra que es difícil muy de combatir. Los problemas para los residentes se han seguido sufriendo en barrios tan céntricos como Son Espanyolet, donde los vecinos temen que el alquiler vacacional convierta la zona en un reducto de incivismo, ruidos y escándalos. Quizá la nueva cruzada contra las piscinas contribuya a resolver parte del problema.


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