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Abanderados de la descentralización fiscal

Por Pep Ignasi Aguiló
martes 27 de septiembre de 2022, 05:00h

Por fin el Partido Popular se ha decidido a alzar, en todo el país, la bandera de la competencia fiscal entre comunidades autónomas. Una muy buena noticia que, en el futuro, se debería redondear con una modificación del sistema de financiación autonómica, mediante un reparto más claro y transparente del reparto de los principales tributos, es decir, dejando en las manos exclusivas de las CCAA algún impuesto fuerte como puede ser el IRPF.

Los políticos, como cualquier otra persona, no son seres angelicales, sino que tienen sus propios intereses particulares. Es por eso que los sistemas institucionales les marcan los incentivos para desarrollar su labor. Si se gobierna una institución que únicamente tiene capacidad de gasto, como ha sido caso de las CCAA, se tenderá a gastar en exceso, tal como ha venido ocurriendo. De ahí que tengamos múltiples y costosos organismos públicos de dudosa utilidad social creados tan solo con el ánimo de conseguir más votos. Y no hay que olvidar que el peso del sector público descansa sobre el privado que, por ello, cuando se enfrenta a mercados abiertos, lo hace con plomo en las alas.

Por esta razón hay que aplaudir que un partido político de ámbito nacional se haya decidido a abanderar la autonomía tributaria de una forma clara y contundente. Pues, si bien es cierto que la presidenta de Madrid hace tiempo que viene defendiendo esta posición, parece que ahora se está haciendo extensiva a otras comunidades en donde se gobierna o se tienen opciones a hacerlo a partir del próximo año.

La filosofía subyacente bajo la descentralización fiscal, bien encauzada, puede acabar promoviendo sistemas fiscales más atractivos que contribuyan, por la vía del estímulo al crecimiento, al mantenimiento de servicios públicos robustos sin necesidad de recurrir a los déficits generadores de múltiples desequilibrios. Es decir. Las comunidades más osadas pueden convertirse en imanes para los sectores más creativos, dinámicos y menos prejuiciosos de la sociedad global, con efectos beneficiosos de todo tipo y para todos.

Nada hay más político, y por tanto menos técnico, que discutir sobre la tributación. Sabemos, desde la pandemia, que los comités de expertos en este tipo de temas se pueden elegir a gusto del pagador. Este es uno de los motivos por lo que le duele tanto a la izquierda, y a los contradictorios y erráticos nacionalistas, la bandera ahora izada. De la noche a la mañana, la iniciativa política ha pasado al campo de los populares.

El esperpento que supone ver a Armengol, y a sus gurús económicos, pedir una mayor centralización (aunque la llamen armonización) es de tal dimensión que, me temo, que más pronto que tarde, tendrán que hacer algún tipo de replanteamiento. De hecho, el haber expuesto a Escrivá, para defender esta postura anti-autonomista, en vez de al propio Sánchez, hace pensar en que el PSOE deja abierta la puerta a la rectificación.

España, y sus comunidades, tienen un problema que se llama déficit público, origen principal de la actual inflación y de muchos otros males. Es un problema que no se va a solventar subiendo los actuales tributos, ya de por sí elevados, sino haciendo que estos configuren un sistema más coherente y atractivo que, al mismo tiempo, desincentive aquella parte del gasto gubernamental que es meramente político y que, por tanto, no se destina a los servicios públicos demandados por la población.

Como señalaba al principio, el órdago lanzado por los del PP para ejercer plenamente la corresponsabilidad fiscal, actualmente en vigor, debería desembocar en una propuesta de modificación del sistema de financiación autonómico, con la finalidad de poder identificar a las comunidades con alguno de los grandes tributos. Así, tal como ocurre con los ayuntamientos, los presidentes regionales tendrían menos incentivos al exceso de gasto y más a administrar mejor de acuerdo con las auténticas preferencias de los ciudadanos.

En democracia no es infrecuente que un partido asuma postulados de sus adversarios, aunque previamente los haya descalificado. Toni Blair o Bill Clinton gobernaron aprovechando el enorme potencial de las ideas liberal-conservadoras a las que previamente se habían opuesto. Por lo que me atrevo a pronosticar que, si el Partido Popular continúa profundizando, no en la corresponsabilidad fiscal, sino en la responsabilidad fiscal, defendiendo este principio como elemento básico del próximo modelo de financiación autonómica, los gurús económicos de los socialistas, y de los nacionalistas, le acabarán siguiendo, aunque, lógicamente, nunca acepten reconocerlo.

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