J. Fernández Ortega.
El presidente de Abini, Daniel Arenas, ha reconocido que la demanda de no residentes —que incluye también a compradores de la Península— influye en los precios, aunque ha insistido en que no es el único factor determinante. “El verdadero problema es que durante 25 años no se ha reaccionado con oferta al aumento de población”, ha señalado.
Desde la asociación han advertido de que ningún gobierno balear ha sido capaz de dar una respuesta estructural al acceso a la vivienda. Según Abini, no se ha generado suficiente oferta para acompañar el crecimiento demográfico y la presión de la demanda, lo que ha provocado el actual aumento de precios.
En este sentido, consideran que centrar el debate en limitar a determinados compradores desvía la atención del problema principal: la escasez de vivienda disponible. Además, alertan de que cualquier freno a la actividad inmobiliaria tendría consecuencias más allá del comprador final, afectando a todo el tejido económico vinculado al sector, como construcción, rehabilitación y servicios profesionales.
“Frenar el mercado no reduce la necesidad de vivienda; simplemente paraliza actividad económica y empleo. Si no se construye más, el impacto no será solo en precios, sino también en puestos de trabajo y crecimiento económico”, han subrayado.
“Restringir compradores no crea ni una sola vivienda”
Arenas también ha cuestionado la viabilidad jurídica de limitar la compra de vivienda en función de la residencia o la nacionalidad, al considerar que generaría inseguridad y no resolvería el problema de fondo. “Restringir compradores no crea ni una sola vivienda más. Si no se amplía el parque residencial, los precios no bajarán de forma estructural”, ha afirmado.
Asimismo, ha recordado que la propuesta tiene escaso recorrido político, ya que Més dispone de cuatro escaños en el Parlament y tanto PP como Vox han anunciado su rechazo. “La sociedad balear ya se pronunció claramente en las urnas en contra de estas ideas. Insistir en ellas es prolongar un debate estéril”, ha añadido.
Como alternativa, Abini ha instado a Més a retirar su recurso ante el Tribunal Constitucional contra el Decreto Ley de Proyectos Residenciales Estratégicos (PRE), una norma que establece que el 50% de las viviendas en nuevas urbanizaciones se destinen a residentes.
Según Arenas, esta medida permitiría agilizar la construcción de vivienda asequible. “Solo en Palma, esta norma permitirá la tramitación exprés de cerca de 10.000 viviendas destinadas exclusivamente a personas con al menos cinco años de residencia en Baleares”, ha explicado.
En su opinión, mantener el recurso supone retrasar la incorporación de nuevas viviendas al mercado. “Si de verdad el objetivo es facilitar el acceso a la vivienda, deberían dejar de obstaculizar las medidas que generan oferta real”, ha criticado.
Por último, la asociación ha reclamado “coherencia y responsabilidad” a la hora de plantear soluciones al problema habitacional y ha criticado lo que considera una falta de correspondencia entre el discurso político y determinadas operaciones privadas.
“Necesitamos políticas de vivienda eficaces, no discursos de confrontación. Baleares necesita más oferta, más seguridad jurídica y más gestión. Lo demás son medidas simbólicas que no resolverán el problema real”, ha concluido Arenas.
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