Las fuerzas parlamentarias que dan apoyo al Govern, PSIB, MES y Podemos, cumplirán con sus compromisos electorales si como el martes avanzó mallorcadiario.com acaban presentando una Proposición No de Ley (PNDL) que contemple la abolición de la tauromaquia en nuestra comunidad autónoma. Por tanto, a nadie puede escandalizar esta iniciativa parlamentaria pues incluso la plataforma animalista Mallorca Sense Sang durante la pasada legislatura abogó abiertamente por un cambio de color político en el Govern y también en el Ajuntament de Palma como forma de avanzar en la prohibición de los espectáculos taurinos ante la negativa del Partido Popular de aprobar cualquier moción en ese sentido. No cabe duda del respaldo social que esta plataforma ha logrado aglutinar dada su capacidad de movilización y persuasión, que ha demostrado ser notable al haber conseguido más de 130.000 firmas y que ya sean 23 las corporaciones locales que se han declarado municipios antitaurinos, los dos últimos Marratxí y Llucmajor, lo que deja patente su capacidad de influir en los partidos para que los espectáculos taurinos dejen de celebrarse.
Sin embargo y pese a que Guillermo Amengual, portavoz de la citada plataforma contra el maltrato animal, sostiene que la previsible aprobación de la PNDL será algo histórico, las dudas sobre la eficacia de esta iniciativa surgen inmediatamente y podríamos estar ante una declaración institucional pero sin efectos jurídicos y mucho menos para impedir que la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, aprobada en esta misma legislatura e impulsada por el entonces ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, con el fin de permitir las corridas de toros en las comunidades donde habían sido prohibidas, como Catalunya y Canarias, tenga su efecto. La jerarquía normativa impone que una Ley aprobada en las Cortes es de mayor rango que una Ley autonómica. No digamos ya de una PNDL.
Es muy posible que nos encontremos ante un nuevo ejercicio de cara a la galería sin efectos prácticos, como lo fue la declaración de Palma en el Pleno del Ajuntament como "ciudad antitaurina", muy retórica y formal pero sin efecto alguno, como se demostró al celebrarse una corrida en el Coliseo Balear pocos días después de que Palma fuera declarada antitaurina. Una PNDL por sí misma no tendrá fuerza de Ley, pero permitirá a sus impulsores exhibir su compromiso con la causa animalista.
