El luctuoso suceso de Marratxí, donde un obrero de la construcción halló la muerte por el derrumbe de la estructura en la que estaba trabajando vuelve a recordarnos las enormes deficiencias de nuestro sistema de prevención de riesgos laborales.
En estos casos, la actuación de Salut Laboral o de la Inspección de Trabajo resulta útil únicamente para engrosar estadísticas o la caja registradora de la administración en forma de sanciones, pero absolutamente ineficiente desde el punto de vista de la evitación de los siniestros.
Nuestro sistema de prevención es el paradigma de la anteposición de la burocracia por sobre cualquier otra prioridad. La Inspección de Trabajo revisa en sus actuaciones rutinarias docenas de documentos que las empresas están obligadas a cumplimentar y, siguiendo la lógica burocrática que alimenta el sistema, sanciona sus incumplimientos formales, pero raramente –salvo en caso de siniestro grave que les obligue reglamentariamente a intervenir- efectúa un trabajo de campo que resulta necesario no ya solo para sancionar, sino sobre todo para ayudar a las empresas a dar cumplimiento a la legalidad y, en último término, para evitar los accidentes.
El procedimiento inspector habitual es el de examinar papeles cómodamente en la oficina.
Ni se dispone de medios humanos suficientes para cubrir las ingentes necesidades de supervisión, ni la filosofía que inspira nuestro modelo de inspección de trabajo es la de actuar para asistir a las empresas. Se trata de un cuerpo de funcionarios entregados en cuerpo y alma a sancionar, esto es, a recaudar para las arcas del Estado. Y punto.
Así se comprende por qué muchos accidentes de trabajo quedan sin investigación de ningún género. Si en el siniestro, por grave que éste haya sido o hubieran podido ser sus consecuencias, no se ha producido la hospitalización o lesiones graves de ningún trabajador o no ha intervenido la policía o bomberos, la Inspección queda absolutamente al margen, a menos que medie la oportuna denuncia que, además, no gozará de preferencia alguna, perdiéndose a menudo un tiempo precioso en la investigación que desvirtúa por completo la mayor parte de los informes -a toro pasado- de los inspectores actuantes.
Pondré un ejemplo gráfico para que ustedes me entiendan. La semana pasada, en las obras que se están llevando a cabo en un antiguo edificio de la Plaça Porta de Santa Catalina –donde se hallaba en su día el mítico local ‘Trui’-, una de las plantas del edificio se derrumbó por completo debido a la descerebrada práctica de acumular escombros en ella pese a la debilidad y evidente antigüedad de la estructura. Un obrero situado en dicha estructura cayó con ella al piso inferior, con tanta fortuna que lo hizo por una esquina, magullándose y sufriendo multitud de heridas en cabeza y extremidades, pero sin que milagrosamente cayeran sobre él restos que pudieran haberlo incapacitado gravemente o incluso segado la vida. Una situación calcada a la ocurrida en Marratxí esta semana, solo que el operario fallecido en Sa Planera no tuvo tanta suerte.
Pues bien, como en el caso del edificio referido no hubo accidentados graves ni hospitalización, y el titular empresarial se cuidó muy mucho de no avisar a autoridad alguna, la Inspección de Trabajo, a día de hoy, no tiene ni la más remota idea de estos hechos, de los que conocerá si acaso alguno de sus funcionarios lee estas páginas.
Los accidentes son evitables y la muerte de un trabajador debiera ser un hecho excepcional. Obviamente, no toda la culpa es de las empresas o del defectuoso sistema público que padecemos. Otros intervinientes, como los servicios de prevención o las mutuas de accidentes de trabajo, actúan a menudo bajo un único prisma economicista, y ello no hace más que abundar en la sensación general de que nuestra cultura preventiva se limita al cumplimiento de obligaciones formales y poco más.
Mientras no cambie, pues, la orientación de nuestro sistema de prevención de riesgos laborales, seguirán produciéndose muertes en el tajo, por más documentos que las empresas deban rellenar y por más sanciones que se les impongan por no hacerlo.
