En Baleares 33.521 funcionarios, alrededor del 87%, prefiere la asistencia sanitaria privada que les ofrecen sus mutualidades, tanto MUFACE, MUGEJU e ISFAS, en lugar de optar por recibir la provisión sanitaria mediante la afiliación al Instituto Nacional de Seguridad Social, una cifra que alcanza los dos millones de personas en todo el territorio nacional. Estos datos, frutos del último informe del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), que revela que hasta el 87 por ciento de todos los trabajadores del Estado (dos millones) han elegido la asistencia sanitaria privada, lo que constituye un 21 por ciento del total de población asegurada, el 11% en Baleares. Según explica el secretario general del IDIS, Juan Abarca, esta preferencia viene motivada por “las ventajas asistenciales (libertad de elección de médico, listas de espera o dotación tecnológica), junto con otros beneficios no cubiertos en la Seguridad Social, como la cobertura en endodoncia, óptica, etcétera”. No obstante, este informe muestra una distribución geográfica “irregular” de los mutualistas con asistencia sanitaria privada frente al total de población asegurada. Así, en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla suponen el 65 por ciento del total de ciudadanos con sanidad privada, seguidas de Extremadura (54%), Murcia y Asturias (ambas con un 43% de todos los asegurados) y Castilla-La Mancha (38%). Concretamente, en el caso de Baleares, el porcentaje es menor, toda vez que está en el 11%, mientras que en lo que respecta al número de mutualistas se sitúa en 33.521, el 3% de la población. Esta actividad asistencial requerida por el colectivo en el ámbito nacional impacta directamente sobre los 43.479 profesionales sanitarios que desarrollan su actividad en el ámbito privado, de los cuales 12.749 son médicos. De hecho, añade el vicepresidente del IDIS, Luis Mayero, “muchos de estos profesionales desarrollan su labor en áreas geográficas cuyo mercado laboral sanitario privado tiene una gran dependencia del colectivo mutualista y que, por tanto, sería difícil de mantener sin su existencia”. Así, las comunidades con un mercado laboral sanitario privado más ligado al ámbito mutualista son Extremadura, con el 79 por ciento de sus profesionales del sector privado, Castilla-La Mancha y Castilla y León (con el 49%,) Galicia (con el 42%), Andalucía (con el 38%) y Ceuta y Melilla (con el 35%), mientras que en el caso de Baleares se reduce al 12%, lo que pone una vez más de manifiesto la fuerte implantación del doble aseguramiento en las Islas. El colectivo de mutualistas genera 232.000 ingresos, que suponen 1,1 millones de estancias hospitalarias, 109.000 actos quirúrgicos entre cirugía mayor y menor ambulatoria, y 1,3 millones de urgencias hospitalarias. A nivel extrahospitalario, añade Mayero, en 2010 la actividad fue de 17,5 millones de consultas y de 34,9 millones de pruebas de diagnóstico, pruebas biológicas y otros actos terapéuticos, lo que a su juicio “pone de manifiesto la importancia del sector sanitario privado en España”. Además, ha añadido Abarca, su coste es un 30 por ciento inferior al del Sistema Nacional de Salud (SNS) “y sin posibilidad de endeudamiento”. Y es que, bajo el conocido como “modelo Muface” las mutualidades conciertan la provisión de la asistencia sanitaria con entidades de seguro privadas y con el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), abonando a las entidades concertadas la cuota correspondiente mediante una prima mensual por persona protegida. A partir de aquí, son los propios asegurados, en este caso funcionarios del Estado, militares y miembros de la administración de Justicia, quienes eligen libre y voluntariamente si quieren ser atendidos por el Sistema Nacional de Salud o por una aseguradora, opción esta última escogida en los últimos años por el 87% de los beneficiarios. Juan Abarca recuerda que “la sociedad es la principal beneficiaria de la existencia de elección para el colectivo mutualista, la cual facilita el acceso a los servicios sanitarios públicos y potencia la existencia de un ámbito de provisión privado con una cartera de servicios, equiparable al ámbito público, completa y un cuadro médico amplio y especializado”. “Las mutualidades no sólo representan un ejemplo de colaboración público-privada que genera múltiples beneficios en la gestión del sistema público, sino que además forman un modelo fundamental para el mantenimiento del sistema sanitario privado y permiten mantener el equilibrio de la oferta del sistema sanitario público, que por sí sólo no es suficiente para absorber la demanda sanitaria existente”. Así las cosas, la desaparición de este modelo conlleva que “el Régimen General de la Seguridad Social se incremente en varios millones de personas con el consiguiente riesgo de posible colapso del sistema general. Las listas de espera serían más largas y el costo económico para el Gobierno mucho más elevado, dado que hay que multiplicar el diferencial actual de 589€/año/afiliado por la cifra de dos millones y medio, es decir alrededor de 1.472 millones de euros/año más, a lo que hay que unir una mayor necesidad de instalaciones y personal para un aumento significativo del personal atendido”.
