El Gobierno tiene previsto aprobar durante el Consejo de Ministros de este viernes la remisión a las Cortes de la ley reguladora de los derechos de las personas ante el proceso final de la vida -más conocida como ley de muerte digna, normativa que ya ha sido remitida al Consejo de Estado y a las comunidades autónomas. A partir de ahora, con su remisión a las Cortes, la ley iniciará la tramitación parlamentaria para su aprobación definitiva. El objetivo de esta norma, según ha explicado la ministra de Sanidad, Leire Pajín, es que todos los ciudadanos “afronten sus últimos días con dignidad y el menor sufrimiento posible, con independencia del lugar donde residan”. MAYOR DE EDAD La norma establece que “cualquier persona mayor de edad y con plena capacidad de obrar por sí misma tiene derecho a manifestar anticipadamente su voluntad, sobre sus cuidados y el tratamiento asistencial que desea recibir al final de su vida”. Igualmente, se garantizan el derecho a la información asistencial, la toma de decisiones, al tratamiento del dolor y al acompañamiento o la intimidad en los últimos días de su vida. Del mismo modo, la ley regula las voluntades anticipadas y establece que toda persona tiene derecho a manifestar su voluntad en un registro autonómico que las comunidades deberán comunicar “obligatoriamente” al registro nacional”. Estas voluntades, no obstante, pueden ser “modificadas o revocadas” pero “será la voluntad de la persona la que prevalezca sobre cualquier otra decisión previa”. La norma además establece que los profesionales sanitarios estarán obligados a respetar la voluntad, las convicciones y creencias del paciente. Para ello, podrán consultar al registro nacional de instrucciones previas “dejando constancia” de cualquier consulta que realicen.
