Cualquier persona que haya tramitado en los últimos tiempos algún asunto ante las Administraciones públicas, especialmente después de la pandemia, habrá comprobado en carne propia la pesadilla que ello representa. Nuestras actuales Administraciones, concebidas originariamente para servir a los ciudadanos y financiadas religiosamente por éstos, parecen hoy organizadas para darse servicio a sí mismas. Trámites que no acaban, demoras injustificables en miles de expedientes, mostradores y funcionarios que nunca atienden, horarios cada vez más limitados, exigencias de cita previa en oficinas vacías, sobrecarga de personas y departamentos, y multiplicidad de organismos, cargos y funciones son algunas de las características que podemos comprobar tras realizar cualquier trámite administrativo.
La causa de semejante desbarajuste es el concepto que nuestros políticos manejan de las Administraciones públicas. No las ven como un instrumento destinado a proporcionar un servicio eficiente a los ciudadanos, sino como un lugar para colocar afines y obtener réditos electorales, es decir, un útil mecanismo para comprar voluntades, agradecer apoyos y conseguir conservar el poder. Por eso, a pesar de las buenas intenciones que algunos gobernantes manifiestan tener, nunca afrontarán una reforma profunda destinada a conseguir su eficiencia, su rentabilidad económica y un buen servicio. Esa creciente hipertrofia administrativa es un problema recurrente de las democracias modernas. Y el que se atreva a meterle mano se arriesga a sufrir un revolcón electoral, de la misma acongojante manera que sucedería con quien osara poner orden en nuestro ruinoso sistema de pensiones.
Pero acabamos de comprobar que la ineficacia de las Administraciones públicas no se pone solo de manifiesto con burocracia, lentitud y fárrago. A veces tiene también consecuencias funestas para la vida y la hacienda de las personas. La falta de previsión, obras y mantenimiento que dieron lugar a la terrible destrucción originada por la riada de Valencia en 2024, el apagón general sufrido por toda España en 2025 por la incorporación irresponsable de un exceso de renovables a la red eléctrica, o las recientes tragedias ferroviarias que se han cobrado más de 40 muertos en Andalucía y Cataluña iniciándose el año 2026 son consecuencias claras de nuestro nefasto funcionamiento administrativo.
En cuanto a los últimos accidentes ferroviarios, con independencia de lo que revelen las investigaciones de Adamuz y Gelida, ya conocemos los hechos siguientes: que la inversión en mantenimiento de vías ha disminuido proporcionalmente año a año mientras se batían todos los récords históricos de recaudación tributaria y aumentaba exponencialmente el tráfico ferroviario; que los dos últimos ministros de Transportes, José Luis Ábalos y Óscar Puente, el primero -gran aficionado a colocar “amigas” en Renfe y Adif- está en la cárcel por corrupción, y el segundo emplea habitualmente su tiempo como troll en las redes sociales (lleva una media de 36 tuits diarios en 15 meses); que pusieron a dedo a Koldo García, antiguo portero de puticlub, de consejero en Renfe, obteniendo información privilegiada para que su entorno concurriera a adjudicaciones de obras ferroviarias; y que la anterior presidenta de Adif, empresa encargada de la infraestructura de los trenes, Isabel Pardo de Vera, está también imputada por múltiples adjudicaciones irregulares de obras. La suma de todo esto solo puede causar psicosis ferroviaria a los ciudadanos.
Cuando a la ineficacia se suma la incompetencia y la falta de responsabilidad, y ello causa entre la población decenas de muertes, resulta inaplazable adoptar decisiones drásticas. Los ciudadanos ya no podemos tolerar más tiempo unas Administraciones públicas financiadas generosamente con nuestros impuestos que sirven para dilatar trámites, asfixiar negocios, colocar a los amiguitos del poder y que, además, causan muertos por la pavorosa irresponsabilidad de muchos de sus dirigentes.
