“Es envidia, es muy mala”. Con esa explicación, Ágatha Ruiz de la Prada ha vuelto a referirse este martes al conflicto legal que arrastra desde hace años por la piscina de su casa en Mallorca, una construcción sobre la que pesa una orden judicial de demolición.
La diseñadora, que asegura llevar “23 o 24 años” lidiando con esta situación, ha calificado el caso como “muy kafkiano” y ha insistido en que seguirá peleando. “No sabemos qué va a pasar, pero ya estoy tan acostumbrada que de momento vamos a seguir luchando”.
En su intervención, para los micrófonos de EuropaPress, incluso ha tirado de ironía para referirse a quienes han impulsado las acciones legales: “Son peores que Carmen Lomana”, ha bromeado, sin concretar a quién se refería exactamente.
DE LA “ENVIDIA” A LOS “INDEPENDENTISTAS”
Estas declaraciones llegan apenas unos días después de su aparición en el docu-reality de Netflix Negocio familiar (L’Agence), donde la diseñadora muestra su vivienda en la Costa dels Pins con la intención de venderla.
En el programa, el relato fue distinto. Durante el recorrido por la casa, Ágatha Ruiz de la Prada atribuyó los problemas de la piscina a “los independentistas” y remató con un comentario dirigido a quienes, según ella, estaban detrás del conflicto: “y finalmente destruiremos la piscina. Espero que estén contentos”.
Una versión que deja fuera la existencia de resoluciones judiciales firmes y leyes que obligan a la demolición. Un elemento clave que no se menciona en ninguna parte y que puede generar confusión si no se conoce.
UNA PISCINA CON SENTENCIA
El origen del conflicto no es reciente. La vivienda fue adquirida en 1999 por el periodista Pedro J. Ramírez y, tras la separación de la pareja en 2016, pasó a manos de la diseñadora en régimen de usufructo, aunque la propiedad figura a nombre de sus hijos, Cósima y Tristán.
Desde hace años, la piscina ubicada en una zona de costa especialmente protegida está en el centro de un litigio. Un conflicto que ha terminado con la orden de ser derribada.
La justicia también ha declarado ilegal parte del terreno que la rodea y un embarcadero que permitía el acceso directo al mar, en aplicación de la Ley de Costas. El propio Govern ordenó su demolición, en cumplimiento de esta normativa que protege el dominio público marítimo-terrestre.
