La Fiscalía solicita que sea condenado a tres años de prisión y al pago de una multa de 7.200 euros como supuesto autor de un delito de falsedad en documento público y otro de estafa.
Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, sucedieron en junio de 2017 acudió a una notaría con la finalidad de celebrar un contrato de compraventa de tres fincas.
Una de ellas estaba en Palma y la compró por 55.000 euros y las otras dos estaban en Binissalem y abonó 1.000 y 6.000 euros, respectivamente.
El acusado se comprometió a abonar el precio fijado, uno muy inferior al que marcaba entonces el mercado, y se prevalió de un supuesto mandato verbal que la víctima le había otorgado.
Extrañados de esta circunstancia, desde la notaría denegaron la operación. El procesado, entonces, presentó un poder adulterado con la intención de "hacer caer en la patraña" a los notarios, pero de nuevo rechazaron sus pretensiones y no se llegó a formalizar el contrato.
