El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, ha vuelto a pronunciarse sobre la llegada de pateras al archipiélago y la intervención de Frontex, la agencia europea de control de fronteras.
Sus declaraciones, en las que calificó de “estupidez” pensar que la actuación de Frontex detendrá el flujo migratorio hacia las Islas, merecen una reflexión más allá del matiz semántico. No tanto por el contenido de fondo —que puede responder a un malentendido o a una interpretación discutible—, sino por la forma y el tono empleados, impropios de quien representa al Gobierno de España en la comunidad autónoma.
Claro que ningún cuerpo, nacional o europeo, puede frenar por completo un fenómeno tan complejo como la migración irregular. Pero eso no justifica ni la descalificación gratuita ni la falta de respeto institucional hacia Frontex ni hacia el Govern, que ha solicitado su apoyo con argumentos sólidos y con la legitimidad que le otorga la realidad de los hechos. Baleares, guste o no, se ha convertido en una nueva puerta de entrada hacia Europa y necesita respuestas coordinadas, no un desdén hacia las instituciones que no comparten su color político.
El papel de un delegado del Gobierno no debería ser el de polemista, sino el de mediador y gestor
El papel de un delegado del Gobierno no debería ser el de polemista, sino el de mediador y gestor. Minimizar la utilidad de Frontex o ridiculizar las demandas del Ejecutivo autonómico no ayuda a resolver el problema ni a generar confianza entre administraciones. Muy al contrario, proyecta una imagen de soberbia y desconexión con la realidad que resulta preocupante.
Y ya que Rodríguez lo plantea, cabe preguntarse: ¿qué detendrá el flujo migratorio? ¿Acaso lo hace la gestión errática e insuficiente del Gobierno al que Rodríguez representa en Baleares? Es obvio que no. Pero la presencia de más efectivos policiales y de vigilancia de fronteras, será, sin ninguna duda, un elemento disuasorio para las mafias que trafican con seres humanos.
Lo que debería explicar el delegado del Gobierno y también el PSOE, es la razón de negativa a solicitar a Frontex su total implicación y su despliegue en Baleares.
