Estos días, una parte de la sociedad que aún no se ha enterado de la que han armado, continua defendiendo su modelo de estado, sus gastos, sus políticas, sus historias de siempre, muchas de las cuales son justas, correctas y defendibles, pero que cuestan chorros de dinero. Y la defienden acusando a quienes hablamos de que todo tiene que pasar por el cedazo de la gestión económica, de la racionalidad en los números, de que somos capitalistas o su equivalente. Pintan un mundo donde los unos defienden lo humano por encima de lo material, mientras los otros preguntamos qué cuesta, qué vale, como si el dinero lo fuera todo. Pues bien: yo quiero recordar algo que es consecuencia de estos años: el artículo 135 de la Constitución, aprobado ahora, de prisa y corriendo, que en su apartado 3, dice que: “los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta”. “Su pago -repito- gozará de prioridad absoluta”. Esta es la redacción que hemos terminado por incluir en nuestra Carta Magna. Quienes han pregonado que hay que ser sensible con lo social, con lo humano, proclaman en la Constitución, que el pago de la deuda (o sea el pago a la gran banca internacional, esos poderes foráneos que tanto odiamos porque son nuestros explotadores) gozará de prioridad absoluta, por encima de los enfermos, de los jubilados, de los profesores, de los médicos y de los policías. La ausencia de contable, como hoy explica fantásticamente Ramón Aguiló en su artículo de Diario de Mallorca, es la garantía de que todo acabe en manos del contable. Eso es lo que hemos venido haciendo en estos años.
