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El Gobierno saca adelante la Ley de Memoria sin admitir ninguna enmienda
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El Gobierno saca adelante la Ley de Memoria sin admitir ninguna enmienda

Por Redacción
miércoles 05 de octubre de 2022, 18:54h

El Pleno del Senado ha aprobado este miércoles definitivamente el proyecto de ley de Memoria Democrática que el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos pactó con Bildu, Más País, PDeCAT y PNV. De esta manera, la Cámara Alta ha rechazado los vetos de PP, Vox, Ciudadanos y UPN, y no ha aceptado ninguna de las 521 enmiendas al texto que había sido debatido previamente en el Congreso.

En este sentido, el senador de Més per Mallorca, Vicenç Vidal, la "escasa sensibilidad de los socialistas", al no incluir las enmiendas presentadas por esta formación. Vidal considera que aunque esta ley "sea un avance, es una lástima que no incluya las 22 enmiendas con reivindicaciones del movimiento memorialista de Baleares, así como del Govern".

El representante de Més ha puesto el acento en tres enmiendas, como la que referencia a que los monolitos "fascistas" de sa Feixina y la esplanada Maó, construidos en 1945 y 1939, respectivamente, "sean declarados contrarios a la memoria democrática". Asimismo, también ha reivindicado la cesión de la casa del que fue alcalde de Palma, Emili Darder, "para impulsar un centro difusor de los valores humanos y defensor de las libertades y la democracia", y la declaración del Fortí de Illetes como emplazamiento dedicado a la memoria histórica.

VIDAL CRITICA LA "ESCASA SENSIBILIDAD" DEL PSOE

A este respecto, Vidal ha reiterado su "sorpresa" por la "escasa sensibilidad de los socialistas a la hora de incluir las enmiendas de Baleares" y las propuestas realizadas por Memòria de Mallorca, que hacían referencia, según ha explicado, "al reconocimiento integral de las víctimas de la violencia estructural franquista".

El senador ha concluido su intervención destacando que, "al fin y al cabo", la ley aprobada "honra a héroes", poniendo de ejemplo al alcalde de Esporles asesinado en 1937 por los fascistas, Tomàs Seguí.

128 VOTOS A FAVOR Y 113 EN CONTRA

La nueva ley de Memoria ha salido adelante en una votación que ha durado más de una hora y a la que han asistido asociaciones memorialistas, que han aplaudido en pie el resultado de la votación, con 128 votos a favor de la iniciativa y 113 en contra. Igualmente, 18 senadores han optado por abstenerse. La ley entrará en vigor en los próximos días, una vez que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Esta normativa, que profundiza aspectos de la Ley de Memoria Histórica de 2007, fue aprobada en Consejo de Ministros hace casi un año y tomada en consideración por el Congreso en octubre de 2021. Sin embargo, dos meses después, su tramitación quedó paralizada, ya que el Gobierno no contaba con suficientes apoyos para sacarla adelante después de que ERC se sumara a la postura contraria de PP, Vox y Ciudadanos.

BILDU FUERZA EL RECONOCIMIENTO DE LAS VÍCTIMAS HASTA 1983

Fue el pasado mes de junio cuando el proyecto fue reactivado, una vez que PSOE y Unidas Podemos habían acercado posturas con otras formaciones minoritarias. Así, la Ley de Memoria Democrática superó la fase de ponencia tras introducirse varias enmiendas pactadas con Bildu, PNV, el PDeCAT, Más País y Coalición Canaria.

El grueso de los acuerdos se alcanzó con Bildu, empezando por ampliar hasta 1983, cinco años después de la aprobación de la Constitución, el reconocimiento de víctimas de violaciones de Derechos Humanos y la posible reparación económica que pudiera conllevar.

COMISIÓN TÉCNICA

En concreto, la ley mandata al Gobierno a crear, en el plazo de una año a partir de la entrada en vigor, una comisión técnica que elabore un estudio sobre los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas "por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución y el 31 de diciembre de 1983". Ese estudio deberá recoger "posibles vías de reconocimiento y reparación a ese colectivo".

Además, el PSOE y Unidas Podemos acordaron también con la coalición aberztale en el seno del Consejo de la Memoria Democrática una comisión estatal independiente de carácter académico para "contribuir al esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos durante la guerra civil y la dictadura". Su función será recoger testimonios, información y documentos y aprobar un informe de conclusiones y recomendaciones para la reparación de las víctimas de forma "objetiva e imparcial".

Desde la Ley de Amnistía de 1978, España ha destinado más de 21.000 millones de euros a reparaciones económicas percibidas por unas 608.000 víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, y se considera que lo que está pendiente son incautaciones de bienes de entidades como ateneos culturales y el expolio de papel moneda.

TRIBUNALES FRANQUISTAS

En otro de los acuerdos previos se introdujo una enmienda para declarar la ilegalidad e ilegitimidad de los tribunales, jurados y cualesquiera otros órganos penales y administrativos creados a partir del golpe de Estado de 1936, destinados a la persecución de ciudadanos por motivos políticos o de conciencia. El proyecto de ley ya recogía la nulidad de sus resoluciones y la ilegitimidad de estos tribunales, que finalmente se reconocerán como ilegales.

Con Más País y el PDeCAT, la coalición PSOE-Unidas Podemos cerró otro acuerdo que declara ilegal el régimen franquista y reconoce expresamente que "las luchas de los movimientos sociales antifranquistas y de diferentes actores políticos" alumbraron la democracia.

Con el PDeCAT, se acordó articular mecanismos y recursos para evaluar la "represión y persecución" cultural y lingüística del franquismo, declarando "víctimas" a las comunidades, las lenguas y las culturas vasca, catalana y gallega.F

Finalmente, en el caso del PNV, se selló otro pacto para fijar en un año el plazo para la restitución de documentos u efectos a personas naturales o jurídicas de carácter privado que se hallen actualmente localizados en el Archivo General de la Guerra Civil. Podrán beneficiarse también partidos, sindicatos o unidades militares que reclamen enseñas, emblemas o banderas que estén en poder de entidades públicas.

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