El próximo jueves comienza en el Juzgado de lo Penal número 7 de Palma el juicio por presunto delito electoral contra el exgerente del PP balear Fernando Areal y cuñado del expresidente del Govern Jaume Matas, por el que la Fiscalía pide para él una condena de 3 años de prisión y multa de 15.000 euros.
En la primera jornada del juicio está previsto que a partir de las 9.30 horas declare el acusado, así como tres testigos, y posteriormente la vista continuará el 27 y 28 de octubre y 4, 5 y 10 de noviembre, con las declaraciones de once testigos más, agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, y peritos.
Entre los demás testigos figura el expresidente del Govern y del PP balear Jaume Matas, que está citado para el día 4 de noviembre a partir de las 10.00 horas; así como el actual presidente de la junta local del PP de Palma, José María Rodríguez, ese mismo día a las 11.00 horas.
Areal es el único acusado por esta pieza separada, instruida por el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, que se centra en un supuesto delito electoral cometido, según la Fiscalía Anticorrupción, en la financiación de la campaña electoral del PP balear para las elecciones autonómicas y municipales de 2007.
El juez instructor impuso a Areal una fianza de 20.000 euros por esta causa, para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudiera contraer si es condenado por delito electoral, que fue confirmada por la Audiencia de Palma.
Areal será juzgado como administrador de la campaña electoral del PP y responsable de la contratación de la publicidad con la empresa Nimbus, que según el propietario de esa sociedad y otros empleados recibió del partido político pagos en dinero negro.
Según la Fiscalía Anticorrupción, Areal abonó 249.872 euros a Nimbus por servicios desarrollados para la campaña electoral que fueron declarados al Tribunal de Cuentas y la Sindicatura balear de Comptes como corresponde pero además también encargó otros trabajos cuyo pago se ocultó.
La empresa de publicidad realizó entre abril y mayo de 2007 numerosas tareas de creatividad y promoción de los mensajes electorales del PP, y gestionó inserciones en prensa, radio y televisión por importe de 71.958 euros, que no se facturaron al partido porque había superado los límites legales de gastos electorales, según recoge el escrito de acusación de la Fiscalía.
Anticorrupción no ha podido determinar el origen de esos 71.958 euros que se abonaron a la empresa. La Fiscalía cree que también se pagaron facturas con conceptos simulados a empresas, para ocultar trabajos para la campaña.
