La celeridad con que se tramitará esta semana en el Congreso el nuevo Cupo vasco --la aportación que el País Vasco hace al Estado por los servicios que éste presta en su territorio más una contribución a los gastos generales-- ha despertado los celos en las autonomías gobernadas por el PSOE que sienten que están injustamente financiadas, como es el caso de la Comunidad Valenciana y Andalucía, que han visto cómo Euskadi ha renovado su régimen de financiación propio en unos meses de negociación mientras las comunidades del régimen general esperan una reforma desde 2014. No es el caso de Balears, donde la presidenta Francina Armengol no se ha posicionado al respecto y ha optado por mantenerse al margen de las peticiones de sus compañeros de partido.
La presidenta del Govern balear, Francina Armengol, ha asegurado que las reivindicaciones de Balears sobre financiación autonómica son reclamaciones "al Gobierno de España y no a los otros territorios". Así se ha expresado Armengol después de que en los últimos días, los Gobiernos de Andalucía, Comunidad Valenciana y Asturias, a los que se ha sumado este miércoles Castilla-La Mancha, hayan alzado la voz para quejarse de que la negociación sobre el Cupo vasco no haya discurrido en paralelo a un nuevo modelo de financiación autonómica para el resto de comunidades.
Armengol ha confirmado que ha conversado por teléfono con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, quien está "en la misma línea" que los postulados de los socialistas baleares, según la presidenta del Govern, que también es secretaria general del PSIB.
La presidenta balear ha manifestado que no tiene "ninguna oposición" al sistema de País Vasco y Navarra sino que lo que quiere "es que Baleares tenga lo que le corresponde, un sistema de financiación mejor para la ciudadanía y un régimen especial".
"No me escucharán en guerras entre diferentes territorios, que es lo que le gusta al Gobierno de España", ha aseverado Armengol, que ha emplazado al Gobierno central a "poner más recursos económicos para cubrir las necesidades de los ciudadanos".
En este sentido, Armengol ha recordado que en la Conferencia de Presidentes "el único compromiso que se alcanzó" fue que el nuevo sistema estaría en aplicación el 1 de enero de 2018, pero el Gobierno "todavía no ha presentado propuesta".
La presidenta ha avanzado que cuando lo haga desde el Govern serán "muy reivindicativos en la defensa de los intereses de la ciudadanía" y ha subrayado que del sistema autonómico dependen Educación, Sanidad y Servicios Sociales.
