Una amiga mía ha tenido que pagar un impuesto a la Hacienda autonómica. Para su sorpresa, pese a que a su entender, el de su notario y el de registrador de la propiedad, es inequívoco que debe pagar una cantidad relativamente asumible, la Conselleria le ha exigido una cifra desmesurada, haciendo una interpretación absolutamente inusual de la Ley. ¿Cómo puede ocurrir algo así? ¿Pero no se dan cuenta de que están haciendo una barbaridad? Mi amiga, como muchos otros mallorquines, tiene forma de llegar al entorno del poder. Y allí obtuvo esta explicación: sí, están haciendo esto, cargando cantidades desorbitadas que saben que nunca van a ser ingresadas, pero la expedición de esa liquidación hoy da derecho a decir ante Madrid que tienen este ingreso, que les adeudan esa cifra y, por lo tanto, reduce sensiblemente el ratio de deuda. ¿Qué después, dentro de unos años, tras pagar abogados y litigar, la sentencia será negativa para la autonomía, como indica el sentido común? Sí, claro, pero para entonces ya no estará este equipo de Gobierno y ya habrá pasado -o no- este chaparrón de escasez de dinero. Ahora, mientras tanto, se salva la situación. Mi amiga, que ya encontró a su abogado, no sale de su asombro. ¿Es posible que por razones puramente de imagen se violente de esta forma el espíritu de la Ley? ¿Puede ocurrir algo de este tipo?
