Duro revés el que estos días se ha llevado el Consell de Mallorca y los partidos que integran el equipo de gobierno que lidera el presidente Miquel Ensenyat, al conocerse que un juzgado ha ordenado una medida cautelarísima, suspendiendo el rescate de la concesión del Túnel de Sóller acordada por la institución insular. Recordemos que el Consell tiene planes de que a partir del día 1º de septiembre, el paso por el túnel sea gratuito, aunque para ello la institución desembolsará 17,4 millones de euros, muy lejos de las pretensión de la empresa concesionaria, que superan los 30 millones. Ahora el Consell debe enviar al juzgado el expediente administrativo para que a la vista del mismo el juez decida sobre dicha medida cautelarísima de suspensión del rescate, tal y como pidió la concesionaria. Y puede suceder que se anule la suspensión o que se ratifique hasta que recaiga una sentencia, lo que realmente sería algo muy grave y perturbador de los planes del Consell.
Lo cierto es que las decisiones estrella de los diferentes equipos de gobierno de izquierdas se están viendo paralizadas por los juzgados, en algunos casos, y en otros será la Justicia la que acabe decidiendo si se pueden llevar a cabo o no. Es el caso de la regulación del alquiler turístico, del derribo del monumento de Sa Feixina y de la ley de toros “a la balear”, por citar algunos ejemplos. A esta lista hay que sumar ahora el caso del rescate del túnel de Sóller. Pero desde luego nadie podía pensar que la empresa concesionaria no iba a pelear judicialmente el asunto, cuando se hablan de cifras millonarias. Igual hubiese sido más prudente no vender la piel del oso antes de cazarlo.
