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El estado de salud del investigado, de 82 años, había empeorado en las últimas semanas hasta el punto de que su defensa solicitó que fuera declarado incapaz y que se procediera al archivo de la causa. En su momento, el juez impuso la prohibición de comunicación y una orden de
“Los trabajadores en turno tendremos que ir al trabajo con normalidad”, dice el comunicado que sigue: “Es una decisión que ha tomado el comité de huelga como gesto de buena fe negociadora porque Función Pública ha puesto por escrito su oferta y ha propuesto que nos reunamos el lunes 23