La presidenta del Govern, Marga Prohens, y el conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, han presentado el texto tras la reunión del Consell de Govern celebrada excepcionalmente en Ibiza. La norma iniciará ahora su tramitación parlamentaria en el Parlament balear.
Entre las principales novedades de la futura ley destaca la protección de elementos tradicionales del litoral como los escars y las casetes de vorera, construcciones vinculadas históricamente a la actividad marítima y pesquera de las islas. Para ello, se crearán registros insulares específicos que permitirán catalogar estos bienes patrimoniales y garantizar su conservación.
Prohens ha defendido que la norma permitirá dotar a Baleares de un marco jurídico propio adaptado a la realidad insular. “Buscamos la sostenibilidad económica, social y ambiental de nuestra costa, así como el equilibrio entre la actividad humana y la conservación del litoral”, ha señalado.
Por su parte, Lafuente ha reconocido que actualmente no existe un inventario completo de estas construcciones tradicionales, aunque algunos ayuntamientos y consells ya han elaborado estudios parciales que servirán de base para su catalogación. El conseller ha precisado que la ley autonómica no regulará los usos que se desarrollan en estos espacios, una competencia que sigue siendo estatal, sino que se centrará en su protección patrimonial.
MÁS COMPETENCIAS PARA CONSELLS Y AYUNTAMIENTOS
La nueva normativa establece un sistema de cogobernanza entre las distintas administraciones. El Govern fijará las directrices generales y coordinará la política litoral; los consells insulares elaborarán los instrumentos de ordenación y los planes de servicios de temporada; mientras que los ayuntamientos asumirán la gestión directa de las playas y determinadas autorizaciones sobre actividades en el dominio público marítimo-terrestre.
Según ha explicado Lafuente, uno de los objetivos es agilizar los procedimientos administrativos. Así, los expedientes que requieran informes externos deberán resolverse en un plazo máximo de dos meses.
LIMITACIÓN DE VELOCIDAD PARA EMBARCACIONES
Otro de los aspectos destacados de la futura ley es la introducción de limitaciones de velocidad en la franja marítima situada a una milla de la costa. Las embarcaciones de más de doce metros de eslora y las motos acuáticas no podrán superar los diez nudos de velocidad en estas zonas.
Las restricciones serán todavía más severas en espacios naturales protegidos, aunque se contemplan excepciones para determinadas embarcaciones profesionales sujetas a normativa marítima internacional. El objetivo, según el Ejecutivo autonómico, es incrementar la seguridad de los bañistas, favorecer la convivencia entre los distintos usos del mar y reducir el impacto ambiental.
La norma también diferenciará entre playas urbanas, naturales y de especial protección, estableciendo criterios específicos de ordenación para cada una de ellas. Asimismo, regulará aspectos como los accesos, los aparcamientos y los servicios de temporada bajo parámetros de sostenibilidad y calidad.
REFUERZO DE LA INSPECCIÓN Y LAS SANCIONES
El proyecto de ley actualiza además el régimen de inspección y sanción, incorporando nuevas infracciones relacionadas con el incumplimiento de las limitaciones de uso del litoral y reforzando la capacidad de actuación de las administraciones frente a ocupaciones ilegales o actividades irregulares.
Otra de las novedades es el reconocimiento de asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que gestionan determinadas infraestructuras costeras, como pequeños muelles o campos de boyas.
CRÍTICAS A LA LEY ESTATAL DE COSTAS
Durante su intervención, Prohens ha aprovechado para reclamar la aprobación de una nueva ley estatal de costas que tenga en cuenta las singularidades de Baleares. La presidenta ha criticado que la reforma impulsada por el Partido Popular y aprobada por el Senado permanezca bloqueada en el Congreso de los Diputados.
“La actual ley de costas es un ataque frontal a la realidad de Baleares”, ha afirmado Prohens, quien ha defendido que una modificación de la normativa estatal permitiría resolver problemas especialmente sensibles para territorios como Formentera, entre ellos los relacionados con los deslindes del dominio público marítimo-terrestre.
Con esta iniciativa legislativa, el Govern pretende desarrollar plenamente las competencias autonómicas en materia de litoral y dotar a las islas de una herramienta propia para compatibilizar la conservación del entorno costero con la actividad económica y social que se desarrolla en él.
