Como cada verano, proliferan en Baleares las fiestas ilegales que se celebran en villas o chalés particulares. Aunque el fenómeno afecta a todas las islas, es en Ibiza y Mallorca donde alcanza su máxima expresión, con eventos clandestinos capaces de reunir a cientos e incluso miles de personas al margen de cualquier control administrativo, fiscal, sanitario o de seguridad.
Las patronales turísticas y del ocio llevan años denunciando que estas celebraciones constituyen una grave competencia desleal para las empresas que cumplen la normativa, pagan licencias, impuestos, seguridad privada, personal sanitario y todas las exigencias legales que comporta la organización de eventos. A ello se suman las molestias vecinales, los problemas de tráfico, la contaminación acústica y los riesgos derivados de concentraciones multitudinarias que se desarrollan sin autorización.
El último gran ejemplo se produjo en la zona de Buscastell, en el municipio de Sant Antoni de Portmany. La Policía Local y la Guardia Civil desmantelaron el pasado martes día 16 una macrofiesta celebrada en una finca rústica entre Buscastell y Sant Mateu, en la isla de Ibiza, que congregó a alrededor de un millar de asistentes. El despliegue organizativo incluía lanzaderas para transportar a los participantes, aseos portátiles, barras de bebidas, zonas de restauración, generadores eléctricos, ambulancia, carpa sanitaria e incluso un tiovivo portátil.
Bajo el nombre de The Cube – Everlife Motel, el evento contó además con la participación de reconocidos artistas internacionales de música electrónica como Sébastien Léger, WhoMadeWho, Bedouin, Seth Troxler, Dennis Cruz o Pawsa, en una producción cuyo coste habría rondado el millón de euros.
Multa récord de 300.000 euros
La respuesta institucional no se ha hecho esperar. El Ayuntamiento de Sant Antoni tramita un expediente sancionador que podría alcanzar los 300.000 euros, la cuantía máxima prevista por la Ley balear de Actividades para este tipo de infracciones, considerando, según fuentes municipales, que la casa donde se celebró el evento está en suelo rústico y carece de licencia de actividades turísticas. El Consistorio estudia además posibles responsabilidades adicionales relacionadas con el uso de suelo rústico y la implicación tanto de promotores como de propietarios.
La patronal Ocio de Ibiza ha advertido incluso de la existencia de auténticas organizaciones profesionalizadas detrás de algunas de estas fiestas. Según denuncia el sector, se utilizan redes sociales, ubicaciones falsas y sistemas de comunicación de última hora para dificultar la actuación policial y esquivar los controles.
Batalla política
La proliferación de fiestas ilegales también ha desembocado en un enfrentamiento político. El PSOE ha acusado al PP de haber permitido que Ibiza se convierta en una "enorme sala de fiestas", denunciando una supuesta relajación de los controles y reclamando más inspecciones, sanciones y limitaciones a este tipo de actividades. Los socialistas sostienen que la situación genera saturación, conflictos vecinales y deterioro de la imagen turística de la isla. (Cadena SER)
Desde las instituciones gobernadas por el PP se responde destacando el incremento de las actuaciones policiales, los expedientes sancionadores abiertos y la coordinación entre ayuntamientos, Consell Insulars y Govern balear para perseguir estas actividades. Y se responsabiliza al Gobierno central, en manos de PSOE y Sumar, de no reforzar debidamente las plantillas de las Fuerzas de Seguridad del Estado.
Millones para combatir el turismo de excesos
La lucha contra las fiestas ilegales se ha convertido en una prioridad para las administraciones baleares. Los consells insulares y el Govern destinan cada año importantes recursos humanos y económicos a inspecciones, vigilancia, campañas de control y refuerzo policial.
Parte de estas actuaciones se financian además mediante proyectos vinculados al Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), concebidos para mejorar la sostenibilidad del destino, proteger la convivencia y combatir los efectos más negativos del turismo de excesos.
Entre las inversiones más destacadas figura el Plan de Choque contra la oferta ilegal en Ibiza, dotado con 4,25 millones de euros procedentes del ITS, así como los 3,38 millones asignados al Ayuntamiento de Sant Antoni para reforzar la seguridad, contratar agentes cívicos y policías locales e instalar sistemas de videovigilancia. A ello se suman los 15,38 millones previstos en Mallorca para actuaciones relacionadas con el turismo responsable y la persecución de actividades turísticas irregulares.
En conjunto, las administraciones baleares destinan más de 27 millones de euros procedentes de la ecotasa a combatir fenómenos estrechamente vinculados al turismo de excesos, entre ellos la oferta ilegal, las viviendas utilizadas para fiestas clandestinas y otras actividades que generan problemas de convivencia, seguridad y competencia desleal en los principales destinos turísticos del archipiélago.
