La entrada en vigor de la prohibición de vender bebidas energéticas a menores de 18 años en Baleares constituye una medida de sentido común. No estamos ante una decisión destinada a demonizar un producto de consumo legal entre los adultos, sino ante una respuesta necesaria ante un fenómeno que ha crecido de forma preocupante entre niños y adolescentes.
Los datos son suficientemente elocuentes. Según la encuesta Estudes 2023, el 47,7 por ciento de los estudiantes de entre 14 y 18 años había consumido bebidas energéticas durante el último mes. Es decir, prácticamente uno de cada dos jóvenes. Y el dato resulta todavía más inquietante cuando se observa que un 19,5 por ciento reconocía haberlas mezclado con alcohol.
No se trata, por tanto, de un consumo anecdótico ni de una moda pasajera. Estas bebidas, con elevadas concentraciones de cafeína y otros estimulantes como la taurina o la guaraná, se han incorporado con demasiada facilidad a los hábitos de una población que precisamente por su edad es más vulnerable a determinados efectos. Alteraciones del sueño, ansiedad, aumento de la presión arterial, palpitaciones o un mayor riesgo de obesidad y diabetes son algunos de los problemas asociados a su consumo. Y la combinación con alcohol añade un factor de riesgo evidente, al favorecer una menor percepción de la embriaguez y, consecuentemente, conductas más peligrosas.
Hay que explicar a nuestros jóvenes qué están consumiendo y por qué determinados hábitos aparentemente inocentes pueden tener consecuencias. La prevención, la educación y la responsabilidad familiar deben acompañar a la regulación
La nueva norma equipara las restricciones de estas bebidas a las que ya existen para el alcohol y el tabaco. El mensaje es claro: si la sociedad considera necesario limitar el acceso de los menores a determinados productos para proteger su salud, no tiene sentido mirar hacia otro lado cuando el consumo de bebidas energéticas se dispara entre los adolescentes.
Ahora bien, una prohibición por sí sola no resolverá el problema. Será imprescindible que los establecimientos cumplan escrupulosamente la norma, que contempla multas de entre 6.001 y 60.000 euros para las infracciones graves, pero también que las familias y los centros educativos desempeñen su papel.
La responsabilidad no puede recaer exclusivamente en el comerciante que comprueba una edad. Hay que explicar a nuestros jóvenes qué están consumiendo y por qué determinados hábitos aparentemente inocentes pueden tener consecuencias. La prevención, la educación y la responsabilidad familiar deben acompañar a la regulación.
Proteger a los menores no significa prohibirlo todo. Significa poner límites cuando existen razones objetivas para hacerlo. En este caso, los datos justifican sobradamente la decisión. Baleares da un paso necesario. Ahora toca garantizar que la norma se cumpla y, sobre todo, que nuestros jóvenes entiendan por qué se ha aprobado.
