Así se ha expresado el conseller 'popular' durante su intervención en la sesión de control al Ejecutivo autonómico celebrada este martes en el Parlament balear. En respuesta a las críticas del PSIB y MÉS per Mallorca sobre la saturación en las Islas y la proliferación del alquiler turístico ilegal, Bauzà ha referido: "No hay punto de comparación. Ustedes perseguían toallas; nosotros combatimos la oferta ilegal".
🗣️@Jbauzamayol: "Amb vostès, les places turístiques varen augmentar un 25% i ara estant a l’oposició defensen el decreixement. Des del primer dia, hem parlat clarament de polítiques de contenció, no de decreixement." pic.twitter.com/JaM5eQZhyF
— Conselleria Turisme, Cultura i Esports (@turismeGOIB) May 6, 2025
Durante el pleno, el socialista Marco Antonio Guerrero ha cuestionado al conseller por el decreto que se vota hoy en la Cámara autonómica y que, según Guerrero, consolida unas 90.000 plazas de alquiler vacacional, muchas de las cuales deberían volver al mercado residencial con la legislación anterior. Ha recordado que "más de 7.000 viviendas se alquilan sin licencia en plataformas digitales", según datos del Ministerio de Consumo.
Acto seguido, Guerrero ha criticado que "el Govern está más preocupado por proteger el alquiler vacacional que por defender el derecho a una vivienda digna", y ha acusado al Ejecutivo del PP de "repartir las plusvalías urbanísticas y turísticas entre promotores y rentistas". "Hoy cronificarán un problema y legitimarán que cada casa sea un hotel”, ha advertido el parlamentario del PSIB.
56 MILLONES EN MEDIDAS DE DECRECIMIENTO TURÍSTICO
Bauzà ha respondido con datos y ha criticado la herencia de los ocho años de Govern del Pacte de Francina Armengol. "El actual Govern ha destinado 56 millones de euros a tres medidas de presente y de decrecimiento turístico: 25 millones para combatir la oferta ilegal, 16 para fomentar el turismo responsable y 15 para esponjar zonas saturadas. Ustedes, cero en cada una de ellas", ha aseverado.
Aquest Govern aposta fort per un turisme responsable: destinam 25 M€ de l'ITS per combatre l'oferta il·legal.
🔺Pujam sancions un 25% (fins a 500.000 €)
👮🏼Més inspectors: 87 en total
📈 1M€ recaptats en sancions el 2024. Fet històric! pic.twitter.com/5egEOQXVFr
— Conselleria Turisme, Cultura i Esports (@turismeGOIB) May 6, 2025
Asimismo, ha detallado que los consells insulares han aumentado el número de inspectores: en Mallorca se pasará de 20 a 30; en Menorca, de 7 a 9 más 4 adicionales con fondos del Impuesto del Turismo Sostenible (ITS); y en Ibiza, de 5 a 9 con 35 más previstos. Además, en 2024 se recaudó un millón de euros en sanciones por turismo ilegal, “una cifra nunca vista”, ha subrayado.
"MALLORCA ESTÁ MÁS COLAPSADA QUE NUNCA"
La diputada de MÉS, Maria Ramon, ha denunciado que "Mallorca está más colapsada que nunca" y ha lamentado la falta de propuestas del actual Govern. "Queremos ir a nuestras playas sin llegar a las 7 de la mañana, a nuestros pueblos sin colas kilométricas y coger el transporte público sin miedo a quedarnos en tierra", ha clamado Ramon.
Els carrers són plens, les platges són plenes, els busos van plens i, mentrestant, un total de 0 propostes per part de Govern de Prohens
🗣️@MariaRamonSalas: "Deixin de vendre fum, limitin i posin remei al col·lapse que vivim. Els mallorquins i les mallorquines ja no podem pus" pic.twitter.com/aTpMpRnGUn
— MÉS per Mallorca (@MESperMallorca) May 6, 2025
La parlamentaria ecosoberanista también ha alertado del impacto ambiental: "Los turistas consumen uno de cada tres litros de agua y generan el 80 por ciento de los residuos en playas".
Bauzà ha replicado a Ramon defendiendo medidas puestas por el Ejecutivo de Marga Prohens como son el decreto de turismo responsable, la monitorización de espacios naturales, la mejora del transporte público y el refuerzo de la vigilancia marítima.
PRECIOS DE VUELOS INTERISLAS
En otro momento de la sesión de control al Ejecutivo, la diputada de Vox María José Verdú ha expresado su "preocupación" por el alza de tarifas en los vuelos interislas.
Bauzà ha coincidido en la necesidad de revisar los precios "para garantizar el servicio sin que se dispare el coste", y ha exigido al Gobierno central el pago de 320.000 euros pendientes por el descuento de residente.
