Desde el punto de vista de quienes encabezan el proyecto político, la declaración unilateral de independencia de Cataluña está tan cerca como podía estarlo hace 24 horas. Las urgencias de un sector del independentismo por acelerar el proceso han llevado a mantener un pleno del Parlament el lunes, en contra de la resolución del Tribunal Constitucional, y a solicitar (en este caso el propio Puigdemont) una comparecencia del presidente de la Generalitat ante la cámara catalana "para informar sobre la situación política", eufemismo que muchos consideran esconde el ánimo de proceder a declarar la independencia.
La declaración no implica, sin embargo, la materialización misma de la independencia, como bien ha recordado Artur Mas al afirmar este viernes que "Cataluña aun no está lista para la independencia real". ¿Por qué entonces? Pues para avanzar hacia una posición en la que el independentismo vaya sumando más elementos de presión sobre los que plantear un eventual diálogo, confiando en que el Gobierno central se apee de su, hasta ahora, inamovible postura de no dialogar hasta que se restablezca el respecto a la ley.
Hasta aquí, en síntesis, lo que sería el planteamiento político. Pero, este viernes se ha sumado un elemento tan volátil y a la vez tan determinante como ha sido el pánico a un hundimiento económico. Las festejadas ventajas económicas de la independencia, argumentadas y repetidas centenares de veces durante años, han tocado la realidad en apenas unas horas, justo las que han tardado los bancos y las grandes empresas en hacer las maletas y huir de Cataluña por miedo a quedar sin el paraguas del euro y del Banco Central Europeo.
En pocas horas, el censo de grandes bancos (nada menos que Sabadell y Caixabank), empresas energéticas, aseguradoras, tecnológicas o de servicios que han decidido instalar su sede fuera de Cataluña para proteger sus actividades, sus puestos de trabajo y sus clientes ha sido tal, que el propio independentismo ha visto cómo de la teoría a la práctica hay una sensible diferencia.
Oriol Junqueras, vicepresidente y responsable de economía del Govern, denunciaba presiones del gobierno central para fomentar la diáspora empresarial, en un ejercicio más de victimismo nacionalista, según el cual todas las culpas han de ser imputadas siempre a agentes externos. Sea como fuere, los teóricos del 'procés' han podido palpar la versión más real de cómo se comporta el tejido social despojado de espejismos y promesas a largo plazo.
Aquí, en Balears, la huida de empresas catalanas a otras comunidades nos hizo confiar durante muchas horas en la posibilidad de que Caixabank decidiera instalar su sede en Palma. Confiamos que la vieja Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros de Cataluña y Baleares, hubiese querido homenajear parte de su historia. Pero, como ya se ha indicado, emociones y realidad no siempre coinciden. La gran corporación bancaria optó definitivamente por Valencia, sin una concesión a los sentimientos, con mucha mente fría y, probablemente, no dejando de lado que en esta comunidad uno de los socios del actual gobierno autonómico ha lanzado la idea de convocar un referéndum de autodeterminación en un plazo de trece años. Demasiado riesgo para ir repitiendo incertidumbres y episodios desagradables.
