Desde que se destapó el conocido como 'caso Puertos' en julio de 2020, cuando la Guardia Civil arrestó a la cúpula directiva de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), con su presidente, Joan Gual de Torrella, al frente, se han venido conociendo con cuentagotas los detalles que fundamentan la investigación. Gran parte de las pesquisas siguen bajo secreto de sumario y nada relevante ha trascendido al respecto, como por otra parte cabe esperar de una investigación en curso, a diferencia de lo que ha sucedido en otras causas también secretas, pero que se iban conociendo gracias a filtraciones interesadas hechas a determinados medios de comunicación.
En este caso, sólo se ha levantado parcialmente el secreto de las actuaciones relativas a la concesión de unos amarres del puerto de Maó a Marina Asmen, y la pieza separada de la adjudicación de la dársena del puerto de Ibiza al Club Náutico de Ibiza. La jueza instructora ha venido prorrogando el secreto del sumario en otras piezas separadas que se investigan, al considerarlo necesario para evitar la destrucción de pruebas, y a la espera de que la Policía Judicial analice la cantidad ingente de documentación, correos electrónicos y mensajes de WhatsApp que fueron intervenidos durante los registros efectuados cuando estalló el caso en 2020. Pero el tiempo corre y la investigación parece no avanzar, para desesperación de los afectados.
Además, este caso tiene un alcance político innegable, aún más tras la citación como investigado del alcalde socialista de Ibiza y candidato a la reelección, Rafa Ruiz. Por ello, hay que insistir en la necesidad de que se respeten los derechos de los investigados, en especial la presunción de inocencia. Y sería bueno que el Ministerio del Interior dote de los medios necesarios a los investigadores, para que sus trabajos avancen a buen ritmo y la causa no se dilate en el tiempo por falta de personal especialista que pueda agilizar las pesquisas.
