La opacidad con la que este Gobierno afronta cada una de las muchas crisis, a las que se viene enfrentando durante esta legislatura, es el mejor germen para la especulación. Si le sumas los antecedentes erráticos, las muchas pruebas de manipulación institucional y las contradicciones o enfrentamientos en el seno del propio Consejo de ministros, la rumorología y toda suerte de narrativas fluyen de la opinión pública. Con Pegasus, condicionando las decisiones de los chantajeados mandatarios o porque el equilibrio en el estrecho, en permanente colisión entre los países más próximos, es muy frágil, los ciudadanos residentes en las ciudades autónomas miran con recelo su futuro.
En un conflicto como el vivido en la frontera sur europea, que excede con mucho de un problema migratorio cotidiano, es difícil dar credibilidad a las fuentes monclovitas, cuando se afirma haber devuelto “voluntariamente” a Marruecos más gente de la que se reconoció hubiera atravesado ilegalmente las puertas del Tarajal. Si las cifras no coinciden, sólo puede ser porque se miente deliberadamente o se ignora la realidad, aunque se quiera aparentar lo contrario. Ambas cosas son preocupantes. Más aún, si una avalancha de más de setenta mil personas se arremolinó en la localidad vecina de Castillejos, sin que los servicios de inteligencia españoles lo advirtieran o los responsables de proteger nuestra integridad hicieran dejación de funciones. Al tiempo, como ya se vivió en la revancha alauita a la recuperación del islote de Perejil, abortada por nuestros entonces aliados, Ceuta y Melilla son un recurso fácil para enardecer a la diezmada población marroquí y cuya defensa por parte de la OTAN es muy cuestionable, por los artículos 5 y 6 del Tratado de Washington (1949) y a pesar del intento por parte de España de incluir “todos y cada uno de los espacios bajo soberanía de un miembro”, en la Cumbre de Madrid (2022).
La tragedia vivida en ese enclave en 2014, con Mariano Rajoy al frente del Ejecutivo, y en 2021, con los mismos dirigentes que la actual, han quedado reducidas a la insignificancia en comparación a la magnitud de la vivida hace pocos días. En la década pasada apenas llegaron unas decenas de migrantes a las costas españolas, frente a los diez mil que lo hicieron a en el pulso fronterizo que provocó Mohammed VI, multiplicado por más de siete en esta ocasión. Pero el mayor drama han sido los sueños rotos para más de un centenar de magrebíes, que han perdido sus vidas tratando de cambiar su status, sin que apenas nadie repare en el dolor generado entre sus allegados.
Las consecuencias de una migración irregular son impredecibles, pero la reflexión y el consenso son imprescindibles, más allá de los recursos ideológicos. Nadie ignora la calidad de vida y los riesgos que se sufren en más de la mitad del planeta, pero no basta con rasgarse las vestiduras como plañideras, si no asumimos los costes que se derivan de una relajación demográfica y la sindicación de nuestros servicios públicos. Es un dilema moral que trasciende a nuestra geografía y que no se puede resolver de forma aislada, porque es humano tratar de mejorar el entorno personal y familiar, en un mundo cada vez más globalizado, pero sometido aún al control de mafias y sátrapas sin escrúpulos.
Aunque les pongamos muros y concertinas, como las que instaló masivamente José Luis Rodríguez Zapatero en 2005, sólo provocaremos el desvío de los flujos migratorios, como los que estamos sufriendo en Illes Balears o han cronificado en Islas Canarias. Como advirtió el ahora denostado Felipe González, “si les cierras la puerta, entrarán por la ventana”. Será imposible, pues, evitar que traten de acceder a nuestro entorno, pero el egoísmo es innato y las derivadas de una laxitud fronteriza pueden ser tan estremecedoras, como las que viven ahora en sus países de origen. Europa, como el mundo desarrollado en su conjunto, tienen un reto mayúsculo en este siglo, para mantener sus privilegios sin ignorar la necesaria solidaridad con los menos favorecidos.
De este fenómeno migratorio seguiremos hablando mucho tiempo, incluso pronto si se hace realidad la previsión de un nuevo asalto en sólo diez días, pero no renunciemos a la soberanía española de cada kilómetro cuadrado peninsular o de ultramar. El origen de la responsabilidad española sobre Ceuta (1415) es anterior a la propia existencia del Reino de Marruecos como Estado moderno (1956) y se remonta a los siglos XV y XVI, marcados por la expansión ibérica en el Norte de África y la posterior unión de las coronas hispánica y portuguesa. En el Tratado de Lisboa, firmado entre lusos y españoles en 1668, se acordó formal y jurídicamente la soberanía de Ceuta a la Corona de España de forma perpetua. De facto, las Naciones Unidas siempre la han considerado parte inalienable del territorio nacional del Reino de España, por lo que jurídicamente no es una colonia, ni un territorio pendiente de autodeterminación.
Hasta que acordemos una estrategia conjunta para solventar o paliar los efectos de la desigualdad, no podemos caer en las alharacas de los provocadores, pero tampoco en la pasividad de nuestros gobernantes. El problema no se atenúa ni resuelve en las calles, sino con la racionalidad que se precisa para atajar una grave dificultad para la convivencia. Seamos solidarios y reclamemos un trato parecido a nuestros conciudadanos, pero sabiendo que no son sólo los otros los que tienen que abordar su encaje legal, ético y social, puesto que las decisiones que adoptemos, tendrán consecuencias para todos.
