El último escándalo de corrupción de Baleares (al menos en el momento de escribir estas líneas), que, simplificado, consiste en pagar dos veces por la recogida selectiva de residuos, es bastante más que otro caso en una lista interminable; nos ilustra de que aquí la putrefacción no tiene límites y, sobre todo, de que los mecanismos de control no existen ni funcionan (en presente). La idea de pagar comisiones a un intermediario no es ni original ni ingeniosa: la podemos encontrar en cualquier lugar de España y, por supuesto, en Baleares. Sin embargo, aquí hemos ido más allá: aquí pagamos dos veces por lo mismo; convocamos dos veces un concurso público para hacer lo mismo y, encima, el servicio que recibimos es calamitoso, como cualquier ciudadano ha podido comprobar al ver los contenedores a rebosar en cualquier cruce de carreteras. Llevamos tres años de escándalo en escándalo, de forma que se puede asegurar que esta estafa, que se destapó a mediados de 2010, se mantuvo operativa al mismo tiempo que los jueces y fiscales ya ocupaban las portadas de los telediarios con sus detenciones e investigaciones. Esto es muy significativo: busquen la fotografía de una sesión plenaria del Consell de Mallorca del 2009 en la que se condene la corrupción: allí hay alguien que, mientras condena, está encubriendo este caso, por acción o por omisión. Y, sobre todo, este asunto pone en evidencia la inutilidad del aparato burocrático para controlar qué se hace con el dinero público. No es posible que ocurra algo así, tan brutal, que pase de mesa en mesa, sin que sea denunciado. Por lo tanto, los ciudadanos tenemos derecho a pensar que, como nadie ha adoptado medida alguna, como no se ha cambiado nada, hoy perfectamente podemos estar siendo robados mientras seguimos condenando la ilegalidad; podemos seguir haciendo lo de siempre, mientras lamentamos los asuntos que se están denunciando. El calado de lo que está sucediendo es tal que no es posible resolverlo sólo con palabras, con declaraciones, con gestos airados. Los ciudadanos tenemos la obligación de concluir con una crítica demoledora a quienes, como mínimo, no fueron capaces de detectar lo que estaba ocurriendo en su área, de averiguar que estábamos pagando dos veces lo mismo. Incluso admitiendo que no tuvieran parte, como gestores, lo mínimo que se les puede exigir es que sepan dónde están. Y si no, que asuman su incompetencia.
