Así figura en el documento 'Adaptación de las medidas en residencias de mayores y otros centros de servicios sociales de carácter residencial en un contexto de alta transmisión comunitaria', elaborado por la Ponencia de Alertas y que ha sido analizado y debatido durante la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de este miércoles. El texto concreta y perfila algunas de las actuaciones recomendadas con vistas a blindar la protección y seguridad de los colectivos más vulnerables frente a la pandemia.
En el desarrollo de este informe, se aconseja no proceder a la incorporación de nuevos profesionales en centros y residencias hasta que hayan iniciado su pauta de vacunación "salvo que sea estrictamente necesario". Al mismo tiempo, el documento defiende que se someta al personal que rechace vacunarse, o que no hayan completado la pauta, a controles de temperatura y, al menos, a dos pruebas diagnósticas semanales, sin descartar su traslado a otro equipamiento o la negativa a admitirles en la plantilla en tanto no se protejan adecuadamente frente a la Covid.
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PONENCIA DE ALERTAS
Los diversos aspectos que se abordan en el documento han sido elaborados, a requerimiento del propio Consejo Interterritorial, por el grupo de expertos que forman parte de la Ponencia de alertas, y posteriormente recibieron el visto bueno de la Comisión de Salud Pública.
El texto insiste muy especialmente en la importancia de que todas las personas que tengan contacto con una residencia, ya sean trabajadores o visitantes, e independientemente de que se hayan vacunado o no, mantengan en todo momento las medidas de seguridad e higiene (distancia de seguridad, uso de mascarilla, limpieza de manos con soluciones de gel hidroalcohólico...) con la finalidad de cortar de raíz el repunte de casos de coronavirus que nuevamente está afectando a las instalaciones que prestan asistencia a usuarios dependientes o de edad avanzanda.
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USUARIOS
En cuanto a residentes que ingresan por primera vez, la ponencia plantea garantizar su vacunación con la antelación suficiente; si se trata de internos con ingreso urgente y todavía no vacunados, la intención es extremar las medidas de precaución hasta completar la pauta de protección y la realización de una prueba diagnóstica en cuanto se produzca la llegada al centro.
En el caso de residentes no vacunados, la propuesta pasa por recurrir a esta misma medida "en determinadas situaciones, teniendo en cuenta la situación epidemiológica del área geográfica en la que se encuentra la residencia o el perfil de las salidas", atendiendo a su duración o las actividades que haya realizado. Al mismo tiempo se vigilará atentamente si estas personas presentan síntomas determinados, en cuyo caso se procederá a un aislamiento preventivo y a la realización de una prueba inmediata.
Para los residentes vacunados, el documento desaconseja realizar cribados periódicos o serologías para la verificación de la efectividad de la vacunación; en situaciones de alta transmisión comunitaria, se planteará la posibilidad de realizar una prueba a la salida de la residencia o bien al regreso cuando se trate de ausencias prolongadas.
VISITAS
Respecto a las visitas, si el nivel de transmisión es alto, la ubicación y organización, su supervisión o no y el número de personas presentes, así como la duración de las salidas, "se pautará por parte de la autoridad competente garantizando siempre las medidas de prevención adecuadas".
Al margen de si está o no vacunado, el visitante tendrá que mantener las medidas no farmacológicas de prevención de la transmisión; cuando la situación sea de transmisión comunitaria baja y si están vacunados, "se podría valorar flexibilizar estas medidas".
TRABAJADORES
Un capítulo especialmente importante del informe es el que hace referencia a los trabajadores, estableciéndose que todo el personal tendrá que contar con información y formación específica y actualizada sobre las medidas de prevención antes de su incorporación al puesto laboral.
La ponencia descarta la vacunación obligatoria de los profesionales, pero sí aboga por recomendarles "activamente" que el personal de nuevo ingreso se inocule las dosis. El argumento es que "un nuevo trabajador no debería incorporarse a un centro residencial hasta haber iniciado su pauta de vacunación, salvo que sea estrictamente necesario". De ser este el caso, "se programará su vacunación lo antes posible y se extremarán las medidas de precaución hasta completar la pauta".
Para los que ya están en activo pero no quieran vacunarse, o no lo hayan hecho al completo, el documento plantea reforzar las medidas de prevención y control de la transmisión, en particular el uso de equipos de protección individual (EPI) respiratoria adecuados durante toda la jornada laboral. Igualmente, se propone realizar, aprovechando los recursos técnicos y operativos de los centros, llevar a cabo controles de temperatura diaria y pruebas de diagnóstico de infección activa de forma regular, con un mínimo de dos test por semana, "habida cuenta del riesgo a terceros que supone esta situación".
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POSIBLE CAMBIO DE DESTINO PROFESIONAL
El informe no descarta ni siquiera "valorar el cambio de puesto de trabajo". En todo caso, aconseja promover de forma activa la vacunación entre trabajadores, identificar las causas que reducen el acceso al fármaco o su aceptación, y desarrollar estrategias para incrementar al máximo las coberturas en este colectivo.
En cuanto a los profesionales que sí están vacunados, y si hay una situación de alta transmisión comunitaria, la ponencia recomienda realizar pruebas periódicas: concretamente, una a la semana o cada dos semanas, y también al regreso de ausencias por vacaciones o cualquier otro motivo.
Por otra parte, si estos miembros de la plantilla son contacto estrecho, estarán exentos de la cuarentena, tal como se recoge en la 'Estrategia de Detección precoz, Vigilancia y Control de Covid 19'. La alternativa consiste en realizar seguimiento con PCR, preferiblemente y si no fuera posible, con otra modalidad de prueba diagnóstica.
"Idealmente se realizarán dos pruebas, una al inicio y otra alrededor de los siete días después del último contacto con el caso confirmado. Deberán extremar las medidas de prevención, incluida la utilización de los EPI adecuados", sostiene el texto, que abre la puerta a que los responsables de salud pública puedan establecer excepciones "en determinadas situaciones" tras una valoración del riesgo.
AISLAMIENTO DE CASOS SOSPECHOSOS
Paralelamente, ante la aparición de un caso sospechoso en un residente o un trabajador vacunado, se procederá a su aislamiento hasta la obtención del resultado de la prueba: si es positivo, se mantendrá el confinamiento y se estudiarán los contactos estrechos, así como una sectorización en unidades de convivencia estables que faciliten el desarrollo de las prestaciones residenciales y la trazabilidad de posibles casos.
La protección debe ser especial en residentes no vacunados, situándolos, si es posible, en habitaciones individuales. La detección de un solo caso en estas instituciones se considerará un brote a efectos de intervención e implicará la aplicación de las medidas de actuación necesarias.
El régimen de visitas y salidas de los residentes que no están en aislamiento o cuarentena "se mantendrá en general con normalidad", si bien podrá adaptarse en función de la valoración realizada por los responsables de salud pública, en coordinación con los responsables de servicios sociales de la comunidad, de la situación epidemiológica y la estructura de cada centro.
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