El aumento de contagios en las residencias abre la vía a aplicar una tercera dosis

En Baleares, los datos comunicados por la Conselleria de Salut i Consum este martes 10 de agosto contabilizan 60 infecciones que afectan a ancianos internados en residencias (la misma cifra que la jornada anterior), y prácticamente el mismo número de trabajadores de estos centros en la misma situación, concretamente 58 (en este caso, dos más que este pasado lunes).

Por islas, los diagnósticos positivos se distribuyen entre cinco residencias de Mallorca, otras cuatro de Ibiza y una de Menorca. Si nos centramos en Mallorca, Salut ha informado de cuatro internos contagiados y hospitalizados pertenecientes a la residencia Huialfàs, en sa Pobla; un único interno positivo en la residencia Posada dels Olors, en el municipio de Artà, actualmente hospitalizado; y dos en la Llar d'Ancians, en Palma, ambos hospitalizados, que se unen a tres trabajadores también infectados (uno menos que la jornada precedente).

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INTERVENCIÓN EN LA LLAR DE CALVIÀ

El recuento no acaba aquí, porque en la Llar de Calvià, precisamente la residencia que fue intervenida la pasada semana por orden del Govern tras detectarse un brote que afectaba a 18 de los 56 internos y también a dos trabajadores, permanecen 26 positivos activos (uno más incluso que el lunes), de los cuales 24 han sido ingresados en centros hospitalarios y únicamente dos continúan en las dependencias de la residencia.

Al mismo tiempo, el grupo de trabajadores infectados se ha incrementado notablemente en este centro geriátrico de Calvià. La última actualización recoge 13 contagios entre este colectivo, uno más que el día anterior, es decir, muy por encima de los dos positivos que se confirmaron cuando el Govern decretó la intervención de la residencia.

Finalmente, la residencia DomusVI, en Capdepera, mantiene en este recuento más reciente los datos de la jornada anterior, con un interno y dos trabajadores infectados.

En Ibiza, las expectativas no son tampoco halagüeñas. Así, en las instalaciones de sa Residència hay contabilizados 19 usuarios positivos (nueve de ellos hospitalizados), además de seis profesionales. En Can Blai se mantiene el dato de 3 ancianos positivos (todos ellos hospitalizados) y dos trabajadores; en Cas Serres, la estadística recoge un usuario positivo y un trabajador; y en la residencia Reina Sofía sigue habiendo un único interno con contagio activo que está recibiendo cuidados médicos en un hospital de la isla pitiusa.

Mucho mejores son los datos sobre incidencia de la Covid en los equipamientos sociosanitarios de Menorca, donde únicamente hay que consignar la presencia de dos usuarios positivos, ambos hospitalizados, en la residencia Santa Rita.

EL SECTOR RECLAMA ALTERNATIVAS

Frente a estos datos, el sector que agrupa a cuidadores, asistentes y profesionales que operan en el ámbito de los cuidados geriátricos ha salido a la palestra para reclamar a las administraciones alternativas que permitan dar la vuelta, de manera efectiva, a la curva ascendente de los contagios en las residencias, con la finalidad de proteger tanto a los usuarios como a los profesionales que se ocupan de proporcionarles cuidados.

En este sentido, en declaraciones a Efe, Gustavo García, representante de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, ha señalado la necesidad de "comprobar si se ha reducido la inmunidad frente a la Covid" entre las personas mayores que completaron la pauta de vacunación entre mediados y finales de febrero. Entretanto, y mientras se obtiene este dato, este trabajador social es partidario de programar la tercera dosis de la vacuna tanto en el caso de los residentes como de los cuidadores.

Gustavo García ha alertado sobre la urgencia de aplicar con rigor las medidas de detección precoz para evitar un nuevo confinamiento en los centros residenciales. "Encerrar de nuevo a los mayores podría ser más letal que el propio virus", ha asegurado este responsable sectorial.

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VACUNACIÓN OBLIGATORIA PARA LOS PROFESIONALES

Al mismo tiempo, las patronales de las residencias defienden la instauración de la vacunación obligatoria para las personas que atienden a personas dependientes y ancianos. A pesar de que el porcentaje de profesionales que ha descartado inocularse es relativamente bajo en España, concretamente algo menos del 10 por ciento de la totalidad del colectivo, los empresarios del sector de los centros privados consideran que la administración de las dosis debe imponerse por la fuerza a unos trabajadores que constituyen el contacto más directo con los internos. Al mismo tiempo, el sector propone que las visitas a los usuarios de las residencias se limiten a familiares y personas a quienes se les haya administrado ya la pauta completa.

A este respecto el presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia, Ignacio Fernández-Cid, ha recordado, también en declaraciones a Efe, la propuesta de que sea obligatorio el certificado de vacunación para acceder a ciertos locales o establecimientos, como bares y restaurantes, y ha abogado que, por las mismas razones, también resulta "imprescindible que se exija para las visitas de los familiares en los centros" este tipo de acreditación. De esta manera, en su opinión, se evitarían "muchos riesgos que se están corriendo innecesariamente".

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"LOS PROFESIONALES HAN DE SER CONSCIENTES DE DÓNDE ESTÁN TRABAJANDO"

Por su parte, la presidenta del Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPS), Cinta Pascual, ha pedido que el Gobierno sea "valiente" y establezca mediante una ley la obligatoriedad de vacunarse contra la Covid 19 al personal de atención a personas vulnerables, tanto en el ámbito de las residencias de personas mayores como en el sistema sanitario.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, Pascual ha recordado que otros países europeos ya han establecido normativas en esta línea y ha subrayado que no puede dejarse en manos de los directivos de residencias la responsabilidad de ordenar la vacunación de sus profesionales ya que, como ha recordado, la ley no les "cubre".

Pascual ha incidido en que los profesionales de estos centros atienden a personas vulnerables y no pueden "distanciarse de ellos para poderles atender", porque "no hay otra manera de realizar este trabajo". Por ello, ha pedido al Gobierno central, "que es quien tiene la competencia" en esta materia, según ha recordado, que "sea valiente y no espere a ser los últimos de la cadena".

La responsable del Círculo Empresarial ha planteado que es una cuestión de "ética y moral", dado que, cuando se producen contagios en las residencias, pueden dejarse "vidas por el camino", desde la sospecha de que se está "perdiendo una parte de la inmunidad". Cinta Pascual ha trasladado también un mensaje nítido y claro a los profesionales: "Tienes que ser consciente de dónde estás trabajando y, si no te quieres vacunar, hay muchas profesiones que las puedes llevar a cabo sin la vacuna".

DATOS EN ASCENSO

Estas manifestaciones se producen en un contexto de claro empeoramiento de la incidencia de la Covid en las residencias. Si los datos de Baleares invitan a la preocupación, los registros a nivel nacional no les van a la zaga, tras el agravamiento experimentado en la última semana. De hecho, en las residencias españolas se ha doblado el número de fallecimientos hasta alcanzar la cifra de 71 (eran 37 la semana anterior y ocho a mediados de julio). Esta es la estadística de mortalidad más elevada en centros geriátricos, contando a partir de la irrupción de la crisis de la Covid, desde la semana del 21 al 28 de febrero.

No obstante, la vacunación masiva en las residencias se está demostrando como una estrategia ciertamente eficaz, y ello se percibe claramente a la hora de valorar la letalidad de los casos, que pasó del 20 por ciento en el inicio de la pandemia al 6,37 por ciento desde que se completó el proceso de inmunización en las residencias.

Para el portavoz de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, Gustavo García, los datos de incidencia, sin ser alarmantes, "muestran una progresión que nos deja la duda de si tiene que ver con una pérdida de inmunidad o que la vacuna no es tan eficaz con las nuevas variantes". En cualquier caso, su punto de vista es que "para esta población tan extremadamente vulnerable, y para los trabajadores del sector, hay que facilitar la tercera dosis". De no ser así, García opina que las consecuencias "pueden ser, de nuevo, demoledoras".

RESTRICCIONES EN LAS RESIDENCIAS DE BALEARES

Ante el avance de los contagios, que en 2021 ya han costado la vida de 4.000 residentes, algunas comunidades, como Baleares, han optado por aplicar medidas extraordinarias. En las islas, el Govern ha elevado las restricciones impuestas en las visitas a las residencias de mayores, exigiendo la pauta completa de vacunación frente a la Covid, o bien acreditar la superación de un contagio de coronavirus o presentar pruebas que certifiquen la situación epidemiológica negativa, bien mediante una PCR realizada 72 horas antes de la visita o, en su detrimento, con un test de antígenos que ha de haberse completado con dos días (48 horas) de anterioridad.

Las patronales del sector defienden las medidas que incidan en las limitaciones a las visitas. Así, en declaraciones a Efe, el secretario general de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE), Jesús Cubero, ha considerado que todas las personas que acudan a visitar a residentes "deberían tener la pauta completa de vacunación, además de extremar todas las precauciones que todos conocemos; aunque llevamos un año y medio de pandemia, cuantas más medidas apliquemos, más ayudaremos a salvaguardar la salud de los mayores para no retroceder en el camino avanzando".

Respecto a la inoculación de una tercera dosis de la vacuna contra la Covid, posibilidad que está siendo barajada estos días en España y que otros países, como Francia, dan por prácticamente segura, Cubero ha apuntado que "si se aprueba, debería empezarse de nuevo por las residencias de mayores, porque tanto los profesionales como los usuarios han de tener prioridad".

TEMOR A UN NUEVO CONFINAMIENTO

En esta misma línea, Juan Ignacio Vela, portavoz del Grupo Social Lares, que agrupa a residencias sin ánimo de lucro gestionadas por entidades sociales, ha insistido en la vacunación obligatoria para los trabajadores. A su juicio, "vacuna, mascarilla, higiene personal y distanciamiento" son las claves para frenar la pandemia en los centros geriátricos.

Para estos directivos y profesionales del sector flota una pregunta en el aire que constituye, en su caso, la peor de las incertidumbres: si esta ola de Covid en residencias no se para a tiempo, ¿tendrá que imponerse un nuevo periodo de confinamiento en estos centros?

Para el trabajador social Gustavo García, que representa a la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, la detección de casos positivos entre residentes o trabajadores no ha de suponer la aplicación de un aislamiento generalizado, sino que las medidas de confinamiento "deben limitarse a los contagios de riesgo, ya sean personas o espacios". García entiende que la actuación más fácil de poner en marcha para una administración "es limitar las visitas, pero eso no quiere decir que sea la mejor alternativa para los mayores".

De hecho, este portavoz proclama que "hay que poner el máximo de barreras al virus, pero nunca un nuevo confinamiento, porque representaría el mayor de los fracasos. Hay que apostar por la detección precoz, por los protocolos sanitarios que están presentes en todas las residencias, por la dispensación de PCR y test de antígenos, y por practicar estas pruebas, al menos, una vez a la semana".