"Consideramos una irresponsabilidad absoluta animar a estas personas a permanecer en un espacio inseguro e insalubre, desoyendo los informes técnicos y el criterio de los profesionales que velan por la seguridad pública", ha señalado el primer teniente de alcalde, Javier Bonet.
En este sentido, el Ayuntamiento ha indicado en un comunicado que el procedimiento de recuperación posesoria del antiguo recinto penitenciario --donde el Consell de Mallorca pretende construir una rotonda-- tiene como objetivo "preservar la seguridad e integridad de las personas que residen en su interior".
"NO ACTUAR SUPONE UNA DEJACIÓN DE FUNCIONES"
"No actuar ante una situación acreditada de riesgo supone una dejación de funciones por parte de esta administración", ha insistido el regidor, quien ha asegurado que en los últimos meses se ha detectado un aumento de los incidentes y de la conflictividad.
También hay informes técnicos de los Bomberos de Palma, la Policía Local y el área de Urbanismo que advierten de un "riesgo real y creciente" tanto para quienes permanecen en el interior como para los servicios de emergencias que deben intervenir ante cada incidencia.
Estos documentos, siempre según Cort, constatan la grave situación de insalubridad del recinto, con acumulación de basuras y residuos que ha favorecido la proliferación de ratas y plagas, y el elevado riesgo de incendio, tanto por los numerosos fuegos contabilizados como por la propia configuración estructural del edificio.
CRITICA LOS MENSAJES DE PAH
Con todo ello, Bonet ha considerado que mensajes como los de la PAH "no solo ignoran la realidad objetiva del riesgo, sino que ponen en peligro tanto a quienes residen en el recinto como a los trabajadores de emergencias que deben intervenir ante cada incidente".
"Animar a resistir en estas condiciones es irresponsable y contrario al deber de proteger la vida y la integridad de las personas", ha añadido.
Por el contrario, ha invitado a la PAH a colaborar de manera responsable ante una situación que, a su parecer, no admite demora. "Si quieren ayudar de verdad a estas personas, lo que corresponde es colaborar en la búsqueda de soluciones habitacionales y en el acompañamiento social", ha expresado.
206 PERSONAS IDENTIFICADAS
La semana pasada se realizó un operativo que permitió identificar a 206 personas en los módulos de la antigua prisión. A ellas se suman otras 60 que viven en la zona de las antiguas viviendas, "unos espacios que nada tienen que ver con la realidad de los módulos", según el regidor.
"Son situaciones muy alejadas. La zona de los módulos, tal y como confirman de forma reiterada los informes técnicos, es donde se concentran los problemas de seguridad y las condiciones peligrosas que han motivado la recuperación posesoria", ha insistido.
RESPUESTA A EAPN
El Ayuntamiento también ha contestado a EAPN, que ha cuestionado la "urgencia inexplicable" para llevar a cabo el desalojo de la antigua prisión.
"Actuamos por imperativo técnico y legal. La urgencia deriva del riesgo real al que están sometidas las personas que residen en el interior del edificio", ha señalado Bonet, volviendo a hacer referencia al incremento de la conflictividad, el riesgo de incendios y la situación de insalubridad del recinto.
"Actuamos por imperativo técnico"
