La dimisión del director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional es un asunto gravísimo. Se trata del máximo mando operativo del Cuerpo, nombrado directamente por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, acusado de violación por una subordinada y expareja. Ha sido citado en calidad de investigado por un presunto delito de agresión sexual. La gravedad institucional es evidente.
La Policía Nacional, como Fuerza de Seguridad del Estado dependiente del Ministerio del Interior, no es una estructura cualquiera. Es uno de los pilares del Estado de derecho. Si quien ha ostentado su cúspide operativa en los últimos ocho años, junto al ministro Grande-Marlaska, se sienta ante un juez por una acusación tan devastadora, la crisis trasciende de lo personal a lo político. Porque los altos cargos no son solo trayectorias individuales; son decisiones de quien los nombra y los mantiene.
Si quien ha ostentado su cúspide operativa en los últimos ocho años, junto al ministro Grande-Marlaska, se sienta ante un juez por una acusación tan devastadora, la crisis trasciende de lo personal a lo político
Más inquietante aún es que el número dos del DAO haya sido cesado por presuntamente presionar a la víctima para que no denunciara. Si se confirma, no estaríamos solo ante un comportamiento delictivo individual, sino ante un intento de encubrimiento desde dentro de la cúpula policial. Eso dinamita cualquier discurso oficial sobre tolerancia cero.
¿Debe asumir responsabilidades el ministro? En términos estrictamente políticos, sí. No porque conociera los hechos —eso deberá determinarlo la justicia—, sino porque la cadena de mando termina en su despacho. Cuando el escándalo afecta al vértice operativo de la Policía, el desgaste no puede circunscribirse al dimitido.
Otra cosa es lo que vaya a ocurrir. La experiencia reciente demuestra que en España la responsabilidad política es un concepto elástico. Se exige con vehemencia al adversario, pero se administra con cuentagotas en casa propia. Marlaska debería asumirla. Pero todo indica que no lo hará. Y ese es, quizá, el verdadero problema.
En todo caso, debe quedar claro que los hechos que pueda haber cometido el DAO en el ejercicio de su cargo, que habrá de determinar la Justicia, no pueden ni deben empañar la extraordinaria labor que a diario realizan miles de agentes del Cuerpo Nacional de Policía en todo el país. La ciudadanía sabe perfectamente distinguir una cosa de otra.
