La brutal agresión machista ocurrida este fin de semana en Sant Antoni de Portmany (Ibiza) ha dejado a una mujer de 31 años en estado crítico en la UCI tras ser atacada por su expareja, pese a que contra él pesaba una orden de alejamiento vigente.
El agresor fue detenido y enviado a prisión provisional sin fianza. Pero más allá del dramático ataque, lo que hoy cuestionan familiares, instituciones y opinión pública es si las herramientas que deben proteger a las víctimas realmente están salvando vidas.
La familia de la mujer herida ha denunciado de forma contundente que la pulsera antimaltrato “no sonó” cuando el agresor se acercó infringiendo la orden judicial, y que fueron ellos quienes tuvieron que avisar a la Guardia Civil. Según el relato de la hermana, el dispositivo no emitió ningún aviso previo y cuando llegaron los agentes el ataque ya se había consumado.
Frente a esa versión, desde el Ministerio de Igualdad sostienen que el sistema telemático operó “correctamente” y que los avisos sí se registraron, permitiendo la intervención policial con la mayor urgencia posible. Esta discrepancia no es un detalles técnico menor: se trata de la credibilidad y eficacia de un sistema que, en teoría, debería ser un escudo digital para víctimas en riesgo extremo.
La sociedad no puede conformarse con discursos oficiales mientras los hechos sobre el terreno siembran dudas. Si existe un margen de error —ya sea técnico, operativo o de diseño— debe ser resuelto con urgencia. La pulsera antimaltrato no puede ser un placebo que tranquiliza discursos políticos; debe ser una herramienta fiable que salve vidas reales.
Mientras tanto, la mujer que sufrió esta agresión continúa batallando entre la vida y la muerte, y su familia exige respuestas. Ese clamor, más que político, es una exigencia de garantía de seguridad y de dignidad para las miles de mujeres que buscan protección en un sistema que, hoy por hoy, está cuestionado.
