Baleares suma funcionarios y llega a los 56.236

El número de empleados públicos en Baleares asciende a 56.236. Son datos del último boletín estadístico del personal al servicio de las administraciones públicas que publica el Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

De estos, 30.317 corresponden a la Comunidad autónoma, 15.813 a administraciones locales, 10.301 al Estado. Estos datos corresponden al mes de julio de 2019. Los datos anteriores a los presentados este viernes, de julio de 2018, reflejan que en las Islas había 56.008, 228 empleados públicos menos. Por lo que los empleados públicos han aumentado un 0,41 por ciento, entre ambos periodos.

MÁS DE 2,5 MILLONES EN ESPAÑA

En España alcanza los 2.595.575 millones de trabajadores. Esto supone un incremento de 17.187 efectivos en comparación al boletín estadístico anual publicado en enero de 2019, un 0,67 por ciento más.

Por sectores, el sector público del estado cuenta con 513.954 empleados públicos, 6.124 más. De estos 231.760 pertenecen a la Administración General del Estado, personal de los ministerios y de sus organismos, 257.816 a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y 24.378 a la Administración de Justicia.

Un total de 1.499.304 funcionarios son del sector público en las comunidades autónomas y 538.317 del sector público de la administración local.

Del total de empleados públicos, el 57,76 por ciento presta servicio en el sector público de las comunidades autónomas, el 19,8 por ciento en el sector público del Estado y el 22,43 por ciento en el sector público de las entidades locales.

El 56 por ciento es personal funcional de carrera, el 22,4 por ciento es personal laboral y el resto de personal (interino, personal eventual y otro) supone el 21,6 por ciento.

De los datos se desprende también que el 56,25 por ciento de los efectivos al servicio de las administraciones públicas son mujeres, mientras que el 43,75 por ciento son hombres.

Este boletín tiene como novedad la desagregación de la información distinguiendo los departamentos ministeriales de sus organismos autónomos, la inclusión de las universidades públicas dentro de las comunidades autónomas o la inclusión de nuevos organismos en el sector institucional del estado.