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Más de 5.000 presos podrían finalizar su condena en casa tras el coronavirus
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Más de 5.000 presos podrían finalizar su condena en casa tras el coronavirus

viernes 15 de mayo de 2020, 09:19h
Instituciones Penitenciarias apunta a que la mayoría de los 5.300 presos de tercer grado que cumplen su condena en casa por la crisis del coronavirus podrían seguir haciéndolo.

Unos 5.300 presos en tercer grado están cumpliendo condena en sus casas con control telemático debido a la pandemia del coronavirus. Con la desescalada en marcha, el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, cree que, analizado caso por caso, la mayoría podrá seguir en esta situación.

Como podrían mantenerse también las vídeollamadas de los internos con sus familiares, una medida pionera que Prisiones adoptó por la crisis sanitaria de la COVID-19 para paliar las restricciones a las que se vio obligada para evitar contagios en el medio penitenciario dependiente de la administración central (todos los centros salvo los de Cataluña).

Son algunas de las propuestas que adelanta a Efe Ortiz poco después de que haya entrado en vigor la orden del Ministerio del Interior por la que comienza la desescalada en las prisiones, que han visto reducida en unos 2.300 reclusos su población debido al descenso de la criminalidad y a las salidas por cumplimiento de la pena, por lo que la cifra total -48.600- se sitúa en los niveles del año 2002.

5.300 PRESOS PODRIAN SEGUIR CUMPLIENDO EN CASA LO QUE LES QUEDA DE CONDENA

Partidos políticos como Podemos o asociaciones de defensa de los derechos humanos han reclamado a Instituciones Penitenciarias que sigan en sus casas los 5.300 reclusos en tercer grado a los que, con carácter urgente y para evitar contagios, se acordó que lo cumplieran conforme al artículo 86.4 del reglamento penitenciario, es decir, con control telemático.

En una entrevista telemática con Efe, Ángel Luis Ortiz anuncia que la próxima semana comenzarán a evaluar de manera individual cada caso -lo harán las juntas de tratamiento de cada centro- para determinar si han cumplido con las condiciones impuestas y si es conveniente su permanencia en el domicilio.

Reconoce Ortiz que ha habido "muy pocas" incidencias en el control telemático, y "si eso es así, si se confirma caso por caso, se puede decir que muchos o una buena parte podrán seguir perfectamente en ese régimen contemplado en la ley, que es una modalidad del tercer grado: el control telemático".

No obstante, advierte de que igual que el sistema español permite la progresión de grado, "también se puede regresar", porque "todo es susceptible de dar un paso atrás; si hay que darlo, se dará".

VIDEOLLAMADAS: LA INICIATIVA QUE LLEGÓ PARA QUEDARSE

Interior quiso aliviar el agravamiento del aislamiento que, ya de por sí, sufren los presos, que ahora han tenido prohibidas las visitas, los vis a vis y otras actividades por la pandemia. Y para ese alivio se aumentó el número de llamadas a las que tienen derecho y se implantó la vídeollamada.

"La verdad es que de todas las medidas adoptadas, esta ha sido la de mayor aceptación, como así lo reconocen los directores, los funcionarios y las ONG", resalta Ortiz, después de explicar que se han repartido 230 teléfonos entre los centros para que los reclusos "puedan verse con sus familias".

Una buena acogida de una medida que Prisiones quiere que continúe y se convierta en una nueva modalidad de comunicación. Para ello, Ortiz ve necesaria una reforma del reglamento, pero como esta "puede ser un poco lenta", apunta la posibilidad de habilitar este sistema a través de una instrucción, una vez llegue la nueva normalidad.

Antes, Prisiones afronta el proceso de la desescalada en las cárceles de los territorios en fase uno, donde ya este fin de semana se iniciarán las comunicaciones ordinarias en locutorio, pero reducidas a 50 por ciento y con los requisitos del uso obligatorio de mascarilla y guantes.

Hasta ahora, se han distribuido 400.000 mascarillas y se están tramitando otros contratos para ampliar ese número, señala Ortiz.

También y, desde el lunes, los presos a los que la pandemia suspendió los permisos de salida autorizados podrán disfrutarlos, pero a su regreso, tendrán que pasar "un periodo de observación", como también aquellos reclusos de nuevo ingreso.

Según Ortiz, en este momento el sistema penitenciario cuenta con infraestructuras suficientes para esas "cuarentenas". Incluso, a medio plazo, el máximo responsable de Prisiones cree que se podrá hacer realidad el mandato del artículo 19 de la ley penitenciaria: Un preso por celda.

DESDE EL PRIMER MOMENTO SE EXPLICÓ A LOS PRESOS LO QUE HABÍA FUERA

Dos circunstancias permiten a Ortiz calificar de "positivo" el balance del estado de alarma en las prisiones: la "profesionalidad y entrega" de los 24.000 trabajadores y el comportamiento de los internos.

Y llega a esta conclusión después de admitir que cuando empezó la crisis tenía "miedo" de que el confinamiento tuviera los efectos que se han visto en países como Italia, con motines en las cárceles, pero "la labor pedagógica" de los funcionarios hacia los internos, que fue una de las instrucciones básicas de la Secretaría General, ha redundado en una prácticamente nula conflictividad.

Que desde el primer momento se haya explicado a los reclusos la realidad de lo que sucedía fuera, que "hayamos tratado de ser lo más transparentes posible", ha contribuido a mantener esa calma, apostilla.

Mucho han tenido que ver los funcionarios, cuya profesionalidad "está fuera de duda", según Ortiz, quien asegura que en cuanto se pueda se retomará la negociación para mejorar sus condiciones laborales, además de aumentar las ofertas de empleo. Por el momento, 900 nuevos funcionarios está a la espera de los cursos formativos para incorporarse a plantilla.

LA SANIDAD PENITENCIARIA PARA LAS AUTONOMÍAS

Una plantilla que es deficitaria en personal sanitario, como lamenta Ortiz al recordar que no hay suficientes candidatos a las plazas que se convocan.

Durante la pandemia se han incorporado seis nuevos médicos interinos y a finales de este mes o en la primera semana de junio lo harán 40 nuevos facultativos, también en interinidad.

Son medidas de choque para un viejo problema cuya solución pasa por la transferencia a las comunidades autónomas de la sanidad penitenciaria, algo que está previsto en una ley de 2003 con un mandato que aún no se ha cumplido.

Mientras, durante la crisis sanitaria del coronavirus la coordinación con el mando único del Ministerio de Sanidad "ha venido bien", enfatiza Ortiz antes de subrayar que todas las actuaciones sanitarias en prisión en este periodo "han sido siempre con el visto bueno del Ministerio y ejecutadas por nuestros médicos".

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