Puede que en los últimos meses hayamos asistido a una de las mayores crisis institucionales del Estado a lo largo de la historia de España. Puede, también, que a partir del 21-D comiencen a crearse nuevas condiciones para el diálogo, o, al contrario, puede que vuelva a embarrarse el terreno de juego político.
Pero lo que resulta indudable es que, más allá de algunas quimeras de base, al independentismo se le ha alimentado hasta el hartazgo desde los sucesivos gobiernos estatales con el trato diferenciado, en cuanto a dotación de recursos, que vienen recibiendo las distintas comunidades, situación generadora de agravios y, por tanto, de injusticia y rechazo.
Ayer, el ministro Montoro defendía en el parlamento español que la negociación exprés del cupo vasco para los próximos cinco años se había cimentado sobre criterios exclusivamente técnicos. Hace falta ser cínico para tratar de engañar a los españoles como si fuéramos todos imbéciles, intentando camuflar de decisión técnica aquella cuyo único móvil sabemos todos que ha sido asegurar el apoyo del PNV a la aprobación en el Congreso de los Diputados de los Presupuestos Generales del Estado. Y, si no, alguien nos tendrá que explicar cómo es posible que la contribución de Euskadi a la solidaridad estatal y al pago de los servicios comunes haya descendido un viente por ciento con relación a la que esta comunidad efectuaba hace diez años, que ya entonces suponía un injustificado privilegio.
Al otro lado del escalafón de comunidades autónomas se encuentra la nuestra, Illes Balears. Como no tenemos la fortuna de haber sido agraciados con un sistema de financiación como el concierto económico, nunca hemos amenazado con independizarnos y, además, el voto de nuestros diputados en Madrid es absolutamente irrelevante si de defensa de nuestros intereses hablamos, pues entonces con suerte podemos aspirar a que, en el mejor de los casos, nos toque la pedrea de este sorteo amañado. Porque, a día de hoy, la verdad, ni un maldito reintegro.
Auténtica pedrea será obtener el 75% de reudcción en el descuento de residentes, algo para lo que ha sido necesario confederarnos con una comunidad potente en Madrid como la canaria, y con Ceuta y Melilla. Y ni siquiera eso tenemos garantizado.
España debe resolver de una vez esta situación, que desata las costuras nacionales y genera desafección. No se trata de que los demás aspiremos a obtener el trato que recibe el País Vasco, por la sencilla razón que 17 conciertos económicos nos llevarían al colapso y la ruina nacional. Se trata simplemente de establecer una equidad distributiva en la que cada uno reciba y aporte lo justo, Euskadi y Navarra incluidos.
Que Balears tenga que implorar las migajas del incremento de un descuento de residente que, a lo sumo, comportará a las arcas estatales unas pocas decenas de millones, mientras que la red de autopistas y el ferrocarril de alta velocidad peninsulares -de los que no nos beneficiamos los isleños- han costado decenas de miles de millones de euros, deja en pelota a Rajoy, a Montoro y a todos sus predecesores.
Que la negociación de la financiación autonómica con el gobierno vasco haya sido fulgurante y que, sin embargo, se posponga in aeternum el establecimiento de nuestro mísero REB, denota que, para el gobierno, hay españoles de primera, de segunda y de tercera clase, como nosotros.
Y, por cerriles que sean sus visiones de España, algo deberían haber aprendido los gobernantes de lo que ha sucedido en Cataluña en los últimos años.
