Estas han sido algunas de las reivindicaciones que ha hecho el representante del Ejecutivo central en la rueda de prensa de balance de 2025, que en buena parte ha focalizado en la situación de la vivienda que se vive en el archipiélago.
En ese sentido, ha pedido a la presidenta autonómica que, en caso de continuar con su negativa a aplicar la normativa estatal, posibilite a los municipios la declaración de zona tensionada, como se ha hecho en A Coruña.
En cuanto al plan estatal de vivienda, ha planteado al Govern que opte por las viviendas de protección oficial, en lugar de las viviendas a precio limitado, ya que de no hacerlo, a su manera de ver, se "apuesta por los beneficios de los promotores y los especuladores".
El delegado ha resaltado que las comunidades que se adhieran a este plan tendrían que financiar el 40% de las viviendas proyectadas y el 60% restante lo asumiría el Estado.
Rodríguez ha afirmado que con estas dos medidas todas las administraciones "irán más deprisa" para solucionar el problema de la vivienda. Al mismo tiempo, ha recalcado que los ayuntamiento "también tienen su responsabilidad y competencias" en esta materia y deberían sumarse a la capacidad que tiene el Estado para resolver esta cuestión.
Por otra parte, ha hecho referencia a otros asuntos como la incidencia de medidas como la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), que habría beneficiado a unos 41.600 trabajadores en el archipiélago o el impulso a la contratación indefinida, que ha crecido un 219% en las dos últimas legislaturas.
Además, ha mencionado la revalorización de las pensiones que ha supuesto una media de 360 euros más al mes para más de 200.000 pensionistas de Baleares, frente a los 80 euros mensuales que suponía la subida del 0,25% anual del sistema anterior.
DEFENDER LOS INTERESES DE BALEARES Y NO HACER "SEGUIDISMO"
El delegado ha subrayado que la financiación de la Comunidad Autónoma ha alcanzado "máximos históricos" entre 2019 y 2025, al incrementarse un 60,6%, con 9.122 millones de euros más que en los años anteriores.
En 2026, las islas recibirán del sistema de financiación la cifra récord de 4.206 millones de euros, con un incremento de más del 4%, y la senda de déficit propuesta por el Gobierno para 2026-2028 permitiría a la CAIB un margen fiscal de 153,4 millones.
Adicionalmente, la condonación de la deuda propuesta por el Estado alcanzaría los 1.741 millones, lo que supondrá una reducción del endeudamiento del 20% respecto a 2023.
En esta materia, Rodríguez ha solicitado al PP y Prohens que "vote por los intereses de Baleares" para dotar de "más recursos" y "menos deuda", en vez de hacer "seguidismo" de los intereses del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Paralelamente, ha apuntado la incorporación en 2023 del Factor de Insularidad en los presupuestos, que ha reportado a otra fuente importante de financiación, con 110 millones iniciales y en este 2025 esta partida se ha elevado hasta los 160 millones.
En este sentido, ha puesto de relieve que durante los últimos siete años, el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha destinado a las islas más de 430 millones, que han servido para aumentar las becas, de las que este curso se benefician 13.647 estudiantes, e impulsar la FP, con una inyección de 179 millones en el último quinquenio y una cifra récord de 20.883 estudiantes.
Por otra parte, los más de 9,4 millones destinados por el Ministerio de Sanidad a diferentes programas en Balears han hecho posible reforzar la Atención Primaria, con una inversión estatal de 4,5 millones. En cuanto al escudo social, en el archipiélago hay 27.221 perceptores del Ingreso Mínimo Vital y el bono social eléctrico ha llegado a casi 19.000 personas.
En cuanto al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), Baleares ha ejecutado ya un total de 1.358 millones de fondos europeos, de los que 495 han sido gestionados directamente por el Estado y el resto, por la Comunidad Autónoma, y que han beneficiado a más de 42.700 empresas, instituciones y ciudadanos del archipiélago.
Entre otros proyectos desarrollados con estos fondos destacan los 153 millones para ejecutar 30 Planes de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), los 100 millones del programa de Turismo para Territorios Extra peninsulares o los tres millones para la ciudad de Ibiza, dentro del Programa Ciudades Patrimonio de la Humanidad.
También es especialmente relevante el Fondo de Resiliencia Autonómica, que el Gobierno ha puesto a disposición de las comunidades y que en el caso de Baleares ha permitido financiar con 125 millones la rehabilitación del aeropuerto de Palma, un proyecto que, además, prevé la creación de cerca de 1.000 empleos.
752 PISOS DE ALQUILER SOCIAL PROYECTADOS
El delegado del Gobierno ha remarcado que los fondos europeos han servido, además, para fortalecer el Estado del Bienestar, en un aspecto esencial como el del acceso a una vivienda, que ha ejemplificado con los 752 pisos de alquiler social, en 23 municipios, que se desarrollan en estos momentos en Balears gracias al Plan de Recuperación.
A los 97,7 millones de este plan de recuperación que el Ministerio de Vivienda ha destinado a las islas, se suman otros 71,4 millones presupuestados a través de los Planes Estatales de Vivienda, cerca de 197 millones del organismo estatal Casa 47 --antiguo Sepes-- y otros 18 millones en subvenciones nominativas, para más de 2.900 viviendas de nueva construcción proyectadas.
El plan de recuperación también ha permitido a la Comunidad Autónoma impulsar proyectos de calado en ámbitos como la movilidad sostenible, con casi 25 millones para 12 proyectos, entre los que destacan la ampliación del metro de Palma, el nuevo apeadero del Hospital de Inca o las nuevas paradas de la red de autobús interurbano de Mallorca, Menorca o Eivissa.
Igualmente, se han desarrollado actuaciones de modernización y transformación digital en sectores básicos como la sanidad o la economía social y de cuidados. En el primero de ellos, destaca el Plan Inveat, por el que la CAIB ha recibido 22 millones para la compra y actualización de equipos de alta tecnología en cinco hospitales.
Otro de los avances que ha destacado el delegado del Gobierno sobre el año que está a punto de terminar es el Acuerdo Marco de mejora de las condiciones laborales y salariales de los empleados públicos, aprobado por el Consejo de Ministros y ratificado por el Congreso de los Diputados este mismo mes de diciembre y que contempla el incremento de las retribuciones un 11% hasta 2028.
Fruto de este mismo acuerdo, el compromiso del Ejecutivo es revisar al alza los complementos de residencia e insularidad, con el criterio de "garantizar la igualdad entre todo el personal trabajador público de las administraciones".
Por último, el delegado se ha referido a los proyectos de infraestructuras destinados a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de los que se ha concretado su ejecución en los próximos meses, como es el caso de la nueva comisaría de Policía Nacional de Maó, que iniciará las obras en el segundo trimestre de 2026, o las obras del nuevo cuartel de la Guardia Civil de Santanyí, con una inversión de 7,7 millones, que el Ministerio del Interior declaró recientemente de interés público.
