Recordemos que tras años de batalla legal contra el Ayuntamiento, finalmente el pasado 26 de abril se procedió a los desalojos forzosos de las viviendas del barrio de sa penya. Las familias afectadas, en su mayoría de etnia gitana, exigían al consistorio de Vila una solución ya que, según ellos, se quedan en la calle con sus hijos.
El concejal de Patrimonio del Ayuntamiento de Eivissa, Pep Tur, calificó de “muy satisfactorio” el desalojo de las viviendas ocupadas ilegalmente, puesto que estaba previsto que se llevara a cabo en dos jornadas todo el trabajo y gracias al buen trabajo de los técnicos y del operativo puesto en marcha desde el consistorio, pero también gracias a que los vecinos decidieron, según el consistorio, abandonar voluntariamente las viviendas y prácticamente se llevó a cabo en una única jornada.
Los vecinos de las infraviviendas de sa penya, que serán desalojados por orden judicial se manifestaron el jueves 14 de abril ante el edificio municipal de Can Botino donde en ese momento se celebraba un pleno extraordinario para aprobar el avance del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad de Eivissa.
Mostraron su oposición al desalojo, que afectó a unas 60 personas, 40 adultos y 20 niños, portando letreros en los que se podía leer: “No discriminar a la raza gitana”, “nos tiran a la calle sin dignidad” o “stop desahucios”.
Uno de los manifestantes, Sebastián Cortés, manifestó en la concentración que no pensaban marchar de sa penya y que aunque los sacaran de sus casas, seguirán en el barrio con colchones en la calle, situación que hasta ahora no se ha producido.
