Denuncian las insalubres condiciones de una granja avícola de Llucmajor. Las imágenes, vídeos y testimonios recogidos por las entidades ARDE y Satya Animal muestran una situación alarmante: cadáveres de gallinas en distintos estados de descomposición, algunos incluso canibalizados, compartiendo espacio con animales vivos.
A esto se suma la presencia masiva de ratas, erizos, telarañas, acumulaciones de plumas y polvo, así como contenedores repletos de restos en estado de putrefacción infestados de gusanos.
DENUNCIA POR DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA
ARDE y Satya Animal han presentado esta semana una denuncia formal ante la Fiscalía de Medioambiente de Baleares, en la que acusan a la empresa de presuntos delitos contra la salud pública y estafa al consumidor.
A pesar de estas condiciones, la explotación cuenta con el sello de bienestar animal Welfair, lo que ha llevado a las organizaciones denunciantes a calificar la situación como una “pesadilla” para los animales y también para los vecinos de la zona.
Una de las principales irregularidades denunciadas es que las gallinas catalogadas como camperas no tendrían acceso al exterior, ya que las puertas permanecieron cerradas durante al menos seis días consecutivos, lo que infringe el reglamento europeo 2023/2465 sobre bienestar animal.
EXTINTORES CADUCADOS
La investigación también ha detectado extintores caducados, un incumplimiento de las normativas de seguridad. No es la primera vez que esta explotación se encuentra en el punto de mira: en 2024 fue sancionada con una multa de 150.000 euros por carecer de autorización ambiental integrada desde 2017 y por una gestión inadecuada de los excrementos.
Pese a ello, la empresa ha recibido más de 380.000 euros del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) para la construcción de un centro de clasificación de huevos. Actualmente, según las organizaciones, sigue operando sin los permisos requeridos.
¿UNA ESTAFA AL CONSUMIDOR?
La portavoz de ARDE, Julia Elizalde, ha advertido que los huevos etiquetados como “camperos” podrían no cumplir con los requisitos exigidos, lo que supondría una estafa al consumidor. Según datos de la OCU, estos productos se venden hasta un 35 por ciento más caros por garantizar un acceso al aire libre que, en este caso, no se estaría respetando.
Por su parte, Marina Sánchez, presidenta de Satya Animal, cuestiona la validez del sello de bienestar animal: “Se convierte en una mera herramienta de marketing”, denuncia.
HARTAZGO VECINAL
Más allá del maltrato animal, las organizaciones ecologistas alertan del riesgo de transmisión de enfermedades zoonóticas como la leptospirosis o la salmonella, favorecido por la convivencia de las aves con otras especies animales como ratas y erizos.
La situación repercute directamente en los vecinos de Llucmajor, quienes denuncian plagas de moscas, olores nauseabundos y problemas de salud. Según Natalia García, residente en una urbanización cercana, en verano “se encierran en casa para evitar respirar el aire contaminado”. Otro vecino, Xisco Amaya, describe el ambiente: “Cuando no hay una atmósfera nauseabunda con amoníaco, está todo lleno de moscas”.
En 2024, varias asociaciones vecinales ya denunciaron el vertido masivo de gallinas muertas en una zanja, excavada presuntamente por la propia granja, lo que podría constituir una infracción en la gestión de residuos biológicos.
La granja ya generó controversia en verano de 2024, cuando propuso construir en Sineu la mayor explotación avícola de España, con capacidad para 739.000 gallinas. El proyecto fue finalmente bloqueado en enero de 2025 tras la aprobación del Decreto 1/2025 del Govern balear, que limita las explotaciones a un máximo de 160.000 animales.
EXIGEN EL CIERRE INMEDIATO
Ante esta acumulación de denuncias, irregularidades y perjuicios a la salud pública y al medioambiente, las organizaciones ARDE, Satya Animal y colectivos vecinales exigen el cierre inmediato y definitivo de la granja avícola de Llucmajor.
Se amparan en la Ley 21/2013 de evaluación ambiental, que prohíbe autorizar actividades ya ejecutadas sin haber sido previamente evaluadas. Esta legislación podría forzar a la empresa a cesar su actividad, desmantelar las instalaciones y restaurar el entorno afectado.
Mientras tanto, los vecinos y activistas siguen esperando que las autoridades actúen con contundencia ante lo que consideran una situación insostenible, insalubre y profundamente injusta tanto para los animales como para las personas.
LA RESPUESTA DE LA EMPRESA
Avícola Son Perot asegura que todas sus granjas están sometidas a rigurosos controles internos y externos y que reciben inspecciones periódicas por parte de los servicios veterinarios y técnicos de la Administración de la Comunidad Autónoma.
Así lo destaca la empresa en una nota de prensa este lunes ante informaciones sobre la posible denuncia sobre el estado de la granja avícola de Llucmajor.
En este sentido, indican que sus explotaciones cuentan con la certificación Bienestar Animal Welfair, otorgada por Aenor, y que el pasado martes, 20 de mayo, se llevó a cabo la auditoría anual correspondiente a la granja de Llucmajor y que se superó con normalidad.
Igualmente, según Avícola Son Perot, sus instalaciones reciben inspecciones periódicas de los servicios veterinarios y técnicos autonómicos, "cumpliendo siempre con los estándares de calidad, seguridad y bienestar exigidos por la normativa exigente".
Por todo ello, la empresa entiende que "cualquier inquietud" sobre el estado de las granjas queda "debidamente aclarada" y expone que su departamento jurídico "actuará en consecuencia" si se considera que se vulneran los derechos e intereses legítimos de la empresa.
