Según han asegurado en un comunicado, la empresa estaría exigiendo, además del justificante de asistencia médica, una justificación adicional que explique por qué la cita no ha podido concertarse fuera del horario laboral, especialmente en el caso de consultas privadas.
Desde Siteib han subrayado que el convenio colectivo reconoce el derecho a disponer de horas anuales retribuidas para acudir a consultas médicas dentro de la jornada laboral.
Por ello, han considerado que esta exigencia excede lo establecido en dicho convenio y "supone una intromisión injustificada" en la organización de la asistencia sanitaria, además de "afectar al derecho a la intimidad de la plantilla".
Igualmente, el sindicato ha acusado a la empresa de aplicar "una interpretación restrictiva y fuera de toda lógica social" del convenio colectivo en dos ámbitos.
En primer lugar, han criticado que se está "descontando" de las nóminas el tiempo destinado a visitas al psicólogo argumentando que "no es un médico".
A su entender, el convenio especifica la "asistencia al centro médico sin exclusiones", por lo que "negar el carácter sanitario de la psicología es un ataque directo a la salud mental de los trabajadores".
Por otro lado, Siteib ha detectado descuentos por asistir a los juzgados para la firma de sentencias de divorcio. Según el sindicato, la dirección alega que no es un derecho público laboral, "ignorando que se trata de una citación judicial obligatoria y un paso indispensable para la organización de la vida familiar y conciliación".
La sección sindical ha denunciado también que la empresa comunicó por correo electrónico a varios trabajadores su intención de descontar de la nómina el exceso de horas médicas correspondientes a 2025, entre otros conceptos, "apenas minutos antes" de que estos recibieran sus nóminas con "reducciones de hasta 33 por ciento del salario mensual".
En este sentido, han advertido que estas situaciones están teniendo un impacto en la vida de los trabajadores, especialmente en el caso de familias monoparentales, y han defendido que una empresa pública "no debería someter a su plantilla a situaciones de precariedad derivadas de circunstancias de salud".
Varios trabajadores han interpuesto denuncias contra la empresa por diferentes "abusos e irregularidades", con algunos procedimientos judiciales actualmente pendientes de resolución.
