La Audiencia Provincial de Palma ha desestimado definitivamente la querella presentada por la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Menorca contra el presidente del Govern, José Ramón Bauzà, la ex consellera de Educación, Joana Maria Camps, y el ex secretario autonómico de Educación, Guillem Estarellas. El tribunal resuelve que las actuaciones administrativas denunciadas por la vía penal no son constitutivas de los delitos de prevaricación, impedimento del ejercicio de los derechos cívicos y de convivencia, si bien reconoce que pueden ser "tan discutibles como se quiera".
Dice el magistrado que las instrucciones, al igual que el resto de actos administrativos acordados para su aplicación, "gozan de la presunción de validez", lo que "obliga a su cumplimiento mientras no exista declaración judicial que las anule o suspenda, cosa que en este caso, puntualiza, "se produjo con posterioridad a su adopción". Además, advierte que "no es suficiente una simple irregularidad administrativa o discordia entre normas" para calificar de delictiva la conducta del ya ex secretario autonómico de Educación.
Además de los delitos de prevaricación y de impedimento del ejercicio de los derechos cívicos, la FAPMA también imputaba a José Ramón Bauzà, Joana María Camps y Guillem Estarellas un delito de desobediencia por la aprobación del decreto-ley con el cual el Govern evitó la suspensión cautelar decretada por el TSJIB. "Está claro que el decreto-ley tenía por objeto burlar la resolución judicial", dice el magistrado, "pero esto no implica que haya indicios de prevaricación". Y concluye: "La valoración político-educativa, moral o social no corresponde a este órgano judicial, sino al conjunto de los ciudadanos".
Según ha manifestado la FAPMA en nota de prensa, "las palabras del juez ponen de manifiesto que la manera de proceder del Govern no ha sido ni correcta, ni justa, ni ejemplar, pero para la FAPMA son insuficientes ya que no abordan el fondo de la cuestión: la preocupante transgresión de la separación de poderes".
