Menos de dos semanas ha tardado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares en tirar por el suelo la instrucción del ‘caso Sant Elm’ en el que tanto interés había puesto en perseguir la Fiscalía Anticorrupción, que ha llegado a afirmar sin ambages en sus escritos de acusación que “el Sr. Flaquer participó en los hechos descritos con la única finalidad de desviar dineros públicos y transferirlos a la Fundación que dirige y posee el Sr. Cañellas”, lo que constituía para los fiscales un claro delito de malversación de caudales público. Al TSJIB, que se hizo cargo de la instrucción del caso el pasado 4 de marzo, no le ha costado más que unos pocos días desmontar no sólo esa acusación sino también la referente a un presunto delito de prevaricación plasmando sus argumentos en los 14 folios de los que consta el auto dado a conocer en primicia por este digital. La más alta instancia judicial de Baleares llega a defender como “innegable” el interés social de la adquisición y reforma del Castell de Sant Elm por parte de la Fundació Illes Baleares, presidida por el expresident Gabriel Cañellas, para abrir las instalaciones restauradas a visitas públicas “y usos de carácter cultural y turístico”. El varapalo del TSJIB a la Fiscalía Anticorrupción es más que evidente y, a la vez, extensivo al juez Antoni Garcías, titular de instrucción 7, al que el alto tribunal ha marcado el camino conminándole a que “resuelva lo que estime pertinente en relación a las peticiones de sobreseimiento formuladas por los demás imputados y, más ampliamente, sobre la ulterior tramitación de las actuaciones”. Sólo el tiempo dirá en qué quedan otros de los ‘casos del PP’ que, como el de Sant Elm, son alimentados por una Fiscalía que ha quedado nuevamente en entredicho y exhibidos mediante cruentos titulares de prensa por los medios afines a la izquierda.
