Una línea aérea se dirige a AENA y le dice: “Si me descuentas una parte de las tasas de aterrizaje en invierno, vuelo porque el negocio me vale la pena. Pero con estos precios es mejor que mantenga los aviones en tierra.” Y AENA le contesta que haga lo que le parezca, que no va a cambiar nada. Así, pierde AENA porque esos ingresos no tienen sustitución, pierde la línea aérea que no capta pasajeros y ha de mantener la flota en tierra y, sobre todo, pierde el turismo porque tal vez esos viajeros opten por otros países. Pero esta rigidez se ha acabado. Este viernes el Consejo de Ministros cerrará AENA y su sustituto podrá variar los precios en un 30 por ciento, lo cual mantiene cierta rigidez, pero, al menos, incrementa la agilidad. En realidad, cerrará AENA tal como la conocemos, pero la dividirá en dos: por un lado los servicios que tiene que dar el Estado, como los de control aéreo, que quedan fuera de esta regulación, y por otro la gestión de los aeropuertos, mucho más comercial, y que privatizará en un 49 por ciento. Esta segunda sociedad se llamará Aena Aeropuertos SA. El nuevo modelo de sociedad, además de poder bajar las tarifas hasta un 30 por ciento, podrá bonificar a las compañías por el número de pasajeros, frecuencias y rutas. La nueva sociedad es posible porque esta semana el Parlamento aprobó la nueva Ley de Seguridad Aérea, que permite el escenario para estas modificaciones. Ahora, se permite que las empresas que dan servicios en los aeropuertos fijen sus precios, cosa que hasta ahora venía fijado por la Administración, en una situación inaudita en este tipo de entornos. Según el nuevo modelo, los aeropuertos tendrán ingresos por precios públicos, que afectarán a los aparcamientos y las salas interiores y prestaciones patrimoniales, que es donde está la gran variación. Estas prestaciones incluyen las tarifas para las líneas aéreas por el uso de las pistas, aterrizaje, estancia, combustible, etcétera. Estas prestaciones son las que sí se podrán negociar y después se tienen que presentar a la Autoridad Estatal de Supervisión, un organismo aún no creado. Estas tarifas, pues, podrán ser más baratas, pero tienen limitaciones: un aeropuerto no podrá robar tráfico a otro, por ejemplo, cosa que sí sucedería en un régimen de absoluta libertad. Esta nueva disposición afecta por el momento a todo el sistema de AENA y no se hace mención alguna a casos específicos, cuyo nivel de privatización podría ser diferente.
