La Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ha admitido un plan de pago aplazado a la empresa Servicios Técnicos Portuarios S.L., que ganó el concurso público para la explotación de los servicios de varada y botadura de barcos en el puerto de Palma y cuyo principal accionista es la empresa IP3M, propiedad de Juan Antonio Riutort. La propuesta de aplazar los pagos causó cierto revuelo en el último consejo de administración de la APB, según ha podido saber este digital, aunque finalmente se aprobó llevarlo a cabo para comenzar a liquidar las deudas pendientes. Al parecer, son varias las mensualidades que aún no se han pagado. De hecho, podrían rondar el medio año. Según las fuentes, la posibilidad del pago aplazado de atrasos está previsto en el contrato firmado entre la APB y la empresa STP, por lo que el abogado del Estado, competente al ser la Autoridad Portuaria una sociedad estatal, no se opuso a su aplicación. Riutort tuvo como socio en IP3M a Juan Verger hasta 2003, fecha en que este último accedió al cargo de presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares. Posteriormente, en agosto de 2006, la APB adjudicó la varada del puerto de Palma a Servicios Técnicos Portuarios S.L., integrada por la empresa de Riutort y Trapsa Yates, la compañía dedicada al negocio náutico del Grupo Marsans, propiedad entonces del expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual. En 2009 Riutort compró las acciones de Trapsa Yates en la empresa Servicios Técnicos Portuarios pasando a ser su accionista de referencia.
