Las familias del CEIP Maria Antònia Salvà de Son Sardina (Palma) han decido este martes, tras reunirse 137 personas, en el centro, para volver a pedir la suspensión cautelar del maestro condenado por acoso, mantener la protesta de no llevar a sus hijos a la escuela, y han instado a que les dé una solución "lo más pronto posible".
En un comunicado, la asociación de familias de alumnos (AFA) del CEIP Maria Antònia Salvà ha avanzado que, con el objetivo de buscar una solución favorable a esta cuestión, este miércoles, 17 de septiembre, la abogada de las familias, Carmen López, se reunirá con los servicios jurídicos de la Conselleria de Educación.
Durante la misma mañana de este miércoles, 17 de septiembre, han precisado desde la AFA, los docentes del centro están convocados para acudir al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
Las familias han recordado, tal y como ha dicho la Directora de la Oficina Balear de la Infancia, que "no se iniciará ningún protocolo de absentismo a pesar de que las faltas sean no justificadas".
Asimismo, han instado a que se intente solventar la situación "lo más pronto posible" para que los niños puedan ejercer su derecho fundamental de ir a la escuela.
Con todo, las familias están a la espera de la convocatoria por parte de la Conselleria de Educación de la Mesa Paritaria, que podría adoptar medidas cautelares para el maestro condenado por acoso.
En función de ello, la asociación de familias del CEIP Maria Antònia Salvà convocará la próxima reunión con las familias.
EDUCACIÓ INICIA EL PROCESO
Por su parte, fuentes del departamento que dirige Antoni Vera han solicitado el informe preceptivo a la Junta de Personal para convocar la comisión paritaria en la que representantes de la administración y de los sindicatos docentes votarán si se ordena a Roldán someterse a una evaluación de riesgos laborales que juzgue si está en condiciones de trabajar con menores.
El pasado febrero la Conselleria ya trató de utilizar esta vía para apartar del trato con los niños al profesor condenado, la única posible dado que la justicia no le inhabilitó, pero los sindicatos no apoyaron la propuesta.
La Abogacía de la Comunidad Autónoma solicitó en su momento la inhabilitación como docente del maestro, pero el juez responsable del caso lo rechazó.
Tras el plante de los padres del colegio Maria Antònia Salvà, que no llevan a sus hijos al colegio desde que comenzó el curso el pasado día 10, Educación ha decidido volver a poner el conflicto en manos de la comisión paritaria, compuesta por siete representantes sindicales y siete de la administración educativa, sanitaria y de asuntos sociales.
No obstante, aclaran las mismas fuentes, aunque esa comisión decida someter a escrutinio la capacitación de Roldán, en todo caso serán los técnicos médicos y psicológicos quienes tendrán que determinar si es apto para dar clases.
Si la decisión técnica coincide con la demanda de los padres que rechazan que el maestro trabaje en las aulas con sus hijos, la Conselleria de Educación podría asignarle tareas en las que no tratara directamente con los menores.
Actualmente a Roldán, que tiene una plaza como interino, se le ha asignado un profesor de apoyo para evitar que esté a solas con sus alumnos, pero los padres del colegio Maria Antònia Salvà consideran insuficiente esa medida preventiva.
La comisión paritaria está formada por diversos responsables de las conselleries de Educación, Salud, Trabajo y Familias, y representantes de los sindicatos con mayor representación en la enseñanza.
En paralelo, y para evitar situaciones similares en el futuro, Educación ha pedido al Gobierno que promueva cambios legislativos que permitan apartar de la actividad docente a condenados por acosar a menores.
La Federación de Asociaciones de Familias de Alumnos de Mallorca ha emitido un comunicado en el que expresa su respaldo a la comunidad educativa del colegio afectado y aboga por modificar las leyes y la regulación educativa para que acosadores y autores de otros delitos como los de odio y violencia de género no trabajen como profesores.
"Hay que aplicar medidas cautelares urgentes, mientras se consigue arreglar el agujero normativo", insiste la agrupación de padres, que reclama que el bienestar de los niños sea la prioridad de las administraciones involucradas.
