La controversia en torno a Miguel Roldán, profesor condenado por acoso a un menor, pone de manifiesto una grave laguna en la legislación española que permite que individuos con antecedentes penales ejerzan funciones docentes.
A pesar de la condena en primera instancia, Roldán ha sido reincorporado a la docencia en el CEIP Maria Antònia Salvà de Son Sardina, lo cual ha generado alarma y desconfianza entre las familias del centro, algo bastante lógico.
El Partido Popular de Balears ha registrado una proposición no de ley en el Parlament para solicitar al Gobierno de España una modificación legal que permita ampliar los delitos que inhabilitan para trabajar con menores, incluyendo el acoso y la persecución, además de los delitos sexuales. Esta iniciativa busca dotar a la Conselleria de Educación y Universidades de herramientas más eficaces para apartar de forma inmediata a profesionales condenados por hechos graves contra niños.
La docencia exige ejemplaridad. Los docentes no solo transmiten conocimientos, sino que también son —o debería ser— modelos a seguir para sus alumnos. La presencia de un condenado por acoso en el aula envía un mensaje equivocado sobre la tolerancia ante conductas inapropiadas. La protección de los menores debe ser una prioridad absoluta, y permitir que individuos con antecedentes penales ejerzan la docencia pone en riesgo la seguridad y el bienestar de los estudiantes.
La presencia de un condenado por acoso en el aula envía un mensaje equivocado sobre la tolerancia ante conductas inapropiadas
Es imperativo que el sistema educativo cuente con mecanismos legales que impidan la reincorporación de profesionales condenados por delitos cometidos contra menores. La propuesta del PP es un paso en la dirección correcta, pero debe ser acompañada de una revisión exhaustiva de los protocolos de selección y supervisión del personal docente. La confianza de las familias en el sistema educativo depende de la certeza de que sus hijos están en manos de profesionales íntegros y responsables.
No basta con condenar; es necesario actuar con firmeza para garantizar que quienes han transgredido la ley no tengan acceso a espacios donde puedan volver a dañar. La sociedad exige actuaciones claras y contundentes en este campo.
