Los mallorquines asistimos más o menos impasibles o, acaso, levemente indignados a la acelerada destrucción de nuestro sector primario, reducido a anecdótico hilo argumental del Uep, com anam!, pero completamente abandonado por nuestra sociedad, y no solo por nuestros gobiernos -por todos ellos-, que también.
Muchos reaccionamos hace unos días al triste cierre de una empresa agroalimentaria de referencia como ha sido AGAMA, pero, en una isla que ha duplicado su población en pocas décadas y que ha acelerado exponencialmente ese proceso en los últimos 25 años, hablar de memoria sentimental es cada vez más complicado.
Los nuevos mallorquines no han conocido ni los centenares de explotaciones ganaderas que salpicaban todo el levante y sur de la Isla, ni la visión de enormes extensiones verdes en nuestro Prat de Sant Jordi destinadas al forraje de esas reses. No han visto más molinos que los cadáveres desvencijados que avergüenzan a los que peinamos canas, ni retienen en su memoria aquellas inmensas extensiones del Pla de Mallorca nevadas de flores de almendro cada mes de febrero. Llegaron aquí cuando casi todo el daño estaba hecho y, por eso, nuestra sociedad es cada vez menos sensible a esa destrucción.
Estamos ante un problema catastrófico, sin paliativos. Añadamos a él lo que el abandono de los cultivos nos ha traído en sustitución. Por una parte, un lamentable escenario de decenas de miles de almendros muertos que nadie se molesta siquiera en convertir en leña. Para calentarnos, mejor nos compramos un aparato chino de aire acondicionado.
Proliferan, a lomos de ese abandono, gigantescos proyectos de plantas de energía solar, con el beneplácito gubernamental, como si Mallorca fuera los Monegros o el desierto de Almería y las placas no fueran un espantoso tributo a la voracidad energética que los mallorquines no merecemos.
Pero, además, tras la desaparición de los payeses de su lugar natural ha invadido esas tierras yermas el urbanismo ilegal más soez. Al principio, mediante el fenómeno de la consabida “caseta” (en Chumachó, como en la canción), culmen del mal gusto y del cutrerío nacido en los años 70 del siglo pasado y que ahora se intenta remediar en parte mediante las legalizaciones extraordinarias, que son solo paliativas de ese daño. Pero, en los últimos dos lustros, aparecen, además, aquí y allá, en las zonas rústicas más variadas de nuestro limitado territorio, casetas prefabricadas, contenedores, caravanas, autobuses y hasta automóviles-dormitorio, infructuosamente camuflados con espantosos cerramientos de malla plástica de ocultación y en ocasiones conformando parcelaciones gestadas en las mentes de delincuentes ambientales. Si el fenómeno de la falsa casa de aperos encarna el inicio del proceso, lo de las caravanas y demás constituye la cúspide de la grosera destrucción de nuestro territorio y del secular menfotisme que nos adorna.
¿Qué narices hace la administración competente -el Consell de Mallorca- para luchar contra toda esta basura? La pomposamente llamada Agència de Defensa del Territori -la temida ADT- sirve para muy poco si no se la dota de medios humanos y materiales y de presupuesto para actuar de forma rápida -única forma de ejemplarizar y disuadir-, y a los políticos de todos los colores les da pánico ejercer la competencia de disciplina urbanística, porque creen que les resta votos. El alcalde más progre y ecologista, el más conservador y tradicional, y hasta el nacionalista más nostálgico hacen todo lo que pueden para no tener que demoler ninguna infravivienda. Triste y cobarde, pero real. Políticos con ganas de transformar la realidad a riesgo de perder su sueldo, ni uno.
Capítulo aparte es el de la conservación de las construcciones más prototípicas de nuestro agro, las possessions, abandonadas por la administración y cuya conservación supone un calvario exento de ayudas públicas para los locos que aún luchan por mantenerlas. Me comentaba hace unos días un historiador, profundo conocedor por raíces familiares de este tema, que de las 20 mayores fincas de nuestra Isla ni una sola permanece en manos de familias mallorquinas. Ni una. Son todas propiedad de sociedades o inversores extranjeros que, en el mejor de los casos, tras cerrarlas a cal y canto siguiendo la mentalidad germánica, las restauran con gusto para convertirlas en su castillo vacacional y, con mucha suerte, incluso mantienen cultivos más o menos rentables, como el de la vid o del olivo.
O, en el peor, las transforman en hoteles de pretendido lujo rodeados de un mero decorado agrario de cartón piedra que corre serio peligro de acabar salpicado por contenedores y caravanas.
Para revertir esta situación -y soy enormemente pesimista al respecto- haría falta que elementos clave de la sociedad -empresarios, sector turístico y dirigentes políticos- se conjuraran de alguna manera. Pero, para eso, hace falta algo más que despotricar una semana contra el Grupo Damm por apropiarse del Laccao y llevárselo a Barcelona. Y, en una sociedad profundamente desvertebrada como la mallorquina, me temo que no haya nada que hacer. Ni siquiera el decorado turístico sobrevivirá.
