En Mallorca se está abriendo un debate peligroso, presentar el coche de alquiler como si fuera el gran culpable de todos los problemas de movilidad de la isla. Es un planteamiento simplista, políticamente cómodo, pero económicamente injusto y técnicamente incompleto.
La propia documentación técnica del Consell de Mallorca desmonta esa visión reduccionista. El estudio sobre la capacidad de carga de la red viaria reconoce que los principales problemas de congestión de Mallorca no nacen sólo en verano ni exclusivamente por el turismo. El Plan de Movilidad que analiza el propio estudio sitúa los problemas más intensos en los accesos a Palma y en la Vía de Cintura ya en el mes de marzo, agravándose después en verano. El estudio de 2024 subraya que la semana de mayor movilidad se concentra en julio y no en Palma, pero también constata que la movilidad interurbana de residentes representa el 81% de los viajes entre municipios en la semana analizada de máxima presión. El problema es estructural, no únicamente estacional.
Mallorca arrastra un problema de infraestructuras claramente insuficientes para la realidad actual. El propio estudio señala que el 97% de la red viaria está formada por carreteras convencionales, que el 84% son de una sola calzada para ambos sentidos y que el 47% de la red ni siquiera dispone de arcén. También identifica cuellos de botella históricos en accesos a Palma, Manacor, Inca, Felanitx, Sóller o el corredor Pollença-Capdepera. Antes de convertir al coche de alquiler en chivo expiatorio, conviene reconocer que durante años no se ha acompasado el crecimiento real de la movilidad con una modernización suficiente de la red.
El problema de Mallorca no puede analizarse sólo desde Palma. En los pueblos costeros, en los núcleos de interior y en muchas zonas con oferta turística dispersa, el coche no es un lujo, es una herramienta de acceso. El mismo estudio recuerda que buena parte de la oferta turística no hotelera se ubica en suelo rústico y en zonas interiores, y que los municipios con más presión turística se extienden mucho más allá de la capital. Limitar de forma indiscriminada el vehículo de alquiler significa dificultar que el visitante llegue a restaurantes, comercios, bodegas, mercados, talleres, pequeños alojamientos, tiendas familiares y servicios repartidos
por toda la isla. En la práctica, sería favorecer la concentración del gasto en zona con grandes operadores, en perjuicio del pequeño comercio de los pueblos. Hay otro dato clave que no se puede ignorar, en Baleares, el coche de alquiler sigue siendo el modo de transporte mayoritario para la movilidad turística, con más del 40% del reparto modal, y el propio estudio recoge que esta movilidad turística genera un incremento estimado del tráfico del 25% en la comunidad. Ese dato no debe servir para declarar la guerra al rent a car, sino para entender una realidad, hoy por hoy, el visitante se mueve así porque la red alternativa todavía no ofrece una cobertura suficiente, especialmente fuera de los grandes ejes. Pretender restringir masivamente esa movilidad sin haber resuelto antes las carencias del transporte público sería una decisión prematura y lesiva para la economía capilar de Mallorca.
De hecho, el mismo documento del Consell reconoce que la gratuidad del transporte público ha disparado la demanda y que el sistema no ha podido crecer al mismo ritmo. Señala que en temporada alta y en zonas turísticas algunos servicios dejan pasajeros en tierra por falta de capacidad. Incluso aceptando que hay que reducir la dependencia del coche, la propia administración admite que la alternativa todavía no está preparada para absorber toda esa demanda. No se puede cerrar una puerta antes de haber abierto la otra.
El ejemplo de Ibiza, debería invitar a la prudencia, no a la precipitación. El propio Consell d’Eivissa explicó al poner en marcha la regulación en 2025 que ese primer año serviría precisamente para evaluar los efectos reales de la medida y para obtener por primera vez datos completos sobre cuántos vehículos circulan realmente en la isla. La propia institución reconocía, que se entraba en una fase de prueba y medición, no en un sistema ya avalado por una evidencia cerrada sobre todos sus efectos económicos y sociales.
Afirmar hoy que la limitación de vehículos en Ibiza ha demostrado beneficios o perjuicios concluyentes para restaurantes, comercio o alquiler vacacional sería ir más allá de lo que la evidencia pública permite sostener. Lo que sí consta es que, tras el primer verano, Ibiza informó de una reducción de vehículos y ha planteado endurecer el cupo para 2026; pero esos datos hablan de volumen de tráfico, no acreditan por sí solos cuál ha sido el balance neto sobre restauración, comercio local o alojamiento turístico.
Las informaciones disponibles apuntan a una realidad desigual, mientras desde ámbitos institucionales se defendía que la campaña de hoteles había sido positiva, también se reconocía que parte de la oferta complementaria había sufrido, y durante 2025 ya aparecieron voces del sector de la restauración denunciando una temporada irregular y menor facturación. Utilizar Ibiza como prueba cerrada del éxito económico de la restricción, o de su fracaso, resulta prematuro.
Mallorca debería aprender precisamente de esa cautela. Antes de copiar restricciones, necesita un diagnóstico honesto, una parte muy importante de la congestión responde a movilidad residente, a concentración radial hacia Palma, a cuellos de botella históricos y a una red que en muchos puntos se quedó pequeña hace años. Existe una realidad económica incuestionable, los coches de alquiler permiten distribuir visitantes y consumo hacia los pueblos, sostienen actividad en negocios que están fuera de los grandes centros urbanos y ayudan a repartir la riqueza turística más allá de las zonas saturadas.
La prioridad no debería ser castigar al visitante que se desplaza ni al comercio que vive de esa movilidad. La prioridad debería ser invertir mejor, modernizar infraestructuras, reforzar el transporte público donde hoy es insuficiente, crear aparcamientos disuasorios, mejorar conexiones ferroviarias. Que es también lo que recomienda el propio estudio del Consell antes de plantear restricciones generales como única respuesta.
Mallorca no necesita mensajes fáciles ni culpables de conveniencia. Necesita políticas serias. Y una política seria empieza por reconocer que el coche de alquiler, no es sólo un factor de movilidad, también es una pieza esencial para la supervivencia del comercio, la restauración y la economía real de muchos pueblos de la isla. Penalizar sin haber resuelto antes los problemas de fondo sería cargar el coste de una mala planificación sobre quienes menos culpa tienen y más dependen de que Mallorca siga siendo una isla accesible, abierta y económicamente viva.
