El conocido como ‘caso Puertos’ representa uno de los mayores escándalos de supuesta corrupción política y administrativa en las Islas Baleares en los últimos años; y el primero de gran envergadura durante la presidencia de Francina Armengol (PSIB-PSOE).
La Fiscalía Anticorrupción considera acreditada la existencia de una trama criminal en la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), encabezada por Juan Gual de Torrella, para quien se solicita inicialmente una condena de nueve años de cárcel.
La acusación sostiene que entre 2015 y 2020, Gual de Torrella y otros funcionarios de la APB, en complicidad con empresarios y políticos locales, favorecieron arbitrariamente a determinadas empresas y personas para la adjudicación de contratos en los puertos de Mahón e Ibiza. En este entramado, destaca también la figura de Rafa Ruiz, exalcalde socialista de Ibiza y actual jefe de la oposición municipal y entonces vocal del Consejo de Administración de la APB, para quien se solicita una condena de tres años de prisión.
La Fiscalía Anticorrupción considera acreditada la existencia de una trama criminal en la Autoridad Portuaria de Baleares (APB)
El modus operandi, según la Fiscalía, era claro: se manipulaban los procesos de adjudicación pública en beneficio de particulares, violando los principios de legalidad, transparencia y competencia que deben regir estas licitaciones. Las resoluciones, que favorecían a entidades como el Club Náutico de Ibiza (CNI) y la empresa menorquina Marina Asmen, causaron un grave perjuicio a las arcas públicas, al evitar la libre competencia y permitir que estas entidades explotaran el dominio público en condiciones muy favorables.
Este caso, que será juzgado en la Audiencia Provincial, también sentará en el banquillo de los acusados a Juan Carlos Plaza, director de la APB; María Dolores Ripoll (jefa de la Abogacía del Estado en Baleares); Juan Marí Marí (presidente del CNI), entre otros.
Lamentablemente, no es la primera vez que la APB está bajo sospecha de beneficiar a determinadas entidades, en perjuicio de otras y del propio interés portuario. En 2019 los acusados en el ‘caso Mar Blau’, el exdirector de la APB, Ángel Matías y el expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, llegaron a un pacto con la Fiscalía Anticorrupción, logrando rebajar drásticamente las condenas y evitando ingresar en prisión. El expresidente de la APB, el socialista Francesc Triay, tras muchos años de imputación, resultó absuelto. Curiosamente, el fiscal del caso también fue Juan Carrau.
Este caso supone un durísimo golpe para la imagen del PSIB, pues ensombrece la gestión del Pacte con el baldón de la supuesta corrupción política, por más que es imperativo respetar en todo momento la presunción de inocencia de los acusados.
