ha sido condenado a pagar 68.500 euros

El Centro Canino busca recursos para afrontar la indemnización a 3 vecinos

El Centro Canino Internacional ha informado de que ya ha cumplido en parte de una condena a la que ha sido sentenciado por la Audiencia de Palma, al cesar su actividad de refugio de perros en sus instalaciones de Es Pil·larí, y ha añadido que busca recursos para hacer frente al pago de la indemnización.

La entidad ha informado en un comunicado del grado de cumplimiento de la sentencia de la Audiencia de Palma que ha confirmado esta semana la condena al centro a indemnizar con 68.500 euros a una familia que vivía junto a sus instalaciones por los daños físicos y morales que les ocasionaron los ladridos de los perros, a cesar en su actividad y desalojar a los canes.

Según el centro canino ya "no hay ningún perro" en las instalaciones de en Es Pil-Larí, pero la entidad no dispone de recursos económicos para hacer frente al pago de la indemnización, de manera que está buscando cómo obtenerlos.

Entre las posibles vías, estudian la posibilidad de presentar una querella contra el Ayuntamiento de Palma ante el "acoso" realizado por la Patrulla Verde que ha inspeccionado las instalaciones más de 40 veces en una década, y también reclamar a su vez una indemnización.

Los responsables del refugio de animales han recordado que, en otra sentencia, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Palma anuló la suspensión provisional de actividad del centro ordenada por Cort en febrero de 2009 por superar los límites permitidos de contaminación acústica, porque se basó en unas mediciones acústicas no ajustadas a derecho.

Además, el juzgado condeno a asumir las costas judiciales al Ayuntamiento y a la Asociación de Vecinos Camí de Ses Barraques Son Suyer por "haber sostenido su posición procesal con temeridad".

Los responsables de la institución estudian adoptar medidas judiciales porque se consideran "acosados con saña durante más de 10 años por parte del Ayuntamiento de Palma, en especial por la Patrulla Verde", que ha llevado a cabo "más de 40 inspecciones y cuatro desalojos en base a las citadas mediciones".

La entidad ha anunciado que presentará próximamente una demanda civil por daños y perjuicios contra el Ayuntamiento de Palma y la asociación vecinal donde reclamará una indemnización, y paralelamente estudia presentar por la vía penal una querella por prevaricación, porque considera que el consistorio dictó a sabiendas una resolución injusta.

Destinarían la posible indemnización por daños y perjuicios que puedan obtener a pagar a su vez la cantidad a la que han sido condenados a indemnizar a los vecinos perjudicados.

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